Aprueban protocolo

La Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) aprobó un "Protocolo de intervención institucional ante situaciones de violencia de género, acoso sexual y discriminación de género", que afectará al personal de la casa de altos estudios.
La normativa universitaria, presentada en 2015 por el entonces consejero de Universidad Pública Federico Guidugli, y reflotado este año por Nacim Khensous, fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la Universidad pampeana.
Este procedimiento rige para las relaciones educativas y/o de empleo que se desarrollen en el ámbito de la Universidad sea en todas sus dependencias o anexos y fuera del ámbito de la UNLPam a través de medios telefónicos, virtuales o de otro tipo y que estén contextualizados en el marco de las relaciones educativas.
El protocolo propone garantizar un ambiente libre de cualquier tipo de acción violenta, discriminatoria y/o de acoso por razones de identidad sexual y/o de género y que se prevenga el desarrollo de cualquiera de estas acciones; se conforme un ámbito de contención y confianza adecuado para que las personas afectadas puedan denunciar su situación; se promuevan acciones de sensibilización, difusión y formación de las problemáticas objeto de la presente normativa.

Asesoramiento.
Se prevé el asesoramiento al denunciante y los casos serán tratados con "el mayor respeto y confidencialidad" y el procedimiento afecta a funcionarios de la casa de estudios, docentes y no docentes estudiantes, personal académico temporario o visitante y terceros que presten servicios no académicos en las instalaciones de la Universidad en forma permanente o temporal.
La persona denunciada deberá ser considerada inocente en todas las etapas del procedimiento y hasta tanto no se establezca su responsabilidad disciplinaria en la resolución final. Se creará una comisión con representantes de las distintas áreas de la Universidad.
La comisión debe dirigir el procedimiento, impulsarlo de oficio, en los casos que corresponda, y velar por su rápida solución; observar la confidencialidad de todas las actuaciones; evitar cualquier dilación del procedimiento; dictar las recomendaciones dentro de los plazos establecidos y facilitar la consulta de los expedientes bajo su custodia a quienes tengan derecho a ello.