Condenan al ex juez Charlin a cinco años por abuso de poder

En un duro pronunciamiento, el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa condenó ayer al ex juez federal José Antonio Charlin a cinco años de cárcel y diez de inhabilitación para ejercer cargos públicos en la justicia por su accionar durante la breve gestión de casi 60 días en el Juzgado Federal de esta capital pampeana en 2013.
La lectura de sentencia se realizó en el auditorio del Colegio de Abogados y Procuradoras de La Pampa, con la presencia de Charlin que se enfrentó con unos 12 trabajadores y trabajadoras judiciales, quienes se emocionaron entre lágrimas y abrazos después del fallo. También estuvo Ignacio Rodríguez Berdier, que fue juez de instrucción y avaló el procesamiento del ex juez.
El tribunal integrado por Luis Salas, Orlando Coscia y Carlos Grosso, condenó a Charlin por abuso de autoridad en concurso ideal con malversación de caudales públicas y real con abuso sexual simple en grado de tentativa y en situación de violencia de género, daños, amenazas para compeler a otro a hacer abandono de trabajo y amenazas agravadas por uso de arma.
El fallo será informado también a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de la Magistratura, al Departamento de Medicina Preventiva y Laboral del Poder Judicial, Consejo Nacional de la Mujer, Ministerio de Justicia de la Nación, Comisión de Acuerdos del Senado, Anses, Cámara Federal de Bahía Blanca y otros organismos de funcionarios y magistrados.
En la parte resolutiva, además, se decidió remitir copia de la declaración de una empleada judicial por el hecho que involucró el uso de un arma de fuego que Charlin le habría quitado a su custodio, en medio de las amenazas. Esa denuncia, en definitiva, seguirá investigándose.
Ayer, la primera parte de la audiencia se realizó a las 9 de la mañana. El ex magistrado, que renunció al cargo en 2015, eligió en ese momento no hacer uso de la palabra antes de la sentencia "porque no entiendo que no es necesario, la prueba ya ha sido rendida, pero agradezco la oportunidad", manifestó.
Sobre las 12 del mediodía, el TOF dio lectura al fallo, en la parte resolutiva, y anunció que los fundamentos serán dados a conocer en un plazo de cinco días. Desde ese momento, el ex magistrado tiene diez días hábiles para apelar el fallo y no irá a prisión, por ahora, hasta que la sentencia quede firme.

"Maltratos constantes".
En abril, la fiscal general María Luz Castany había solicitado una pena de cinco años de cárcel de cumplimiento efectivo e inhabilitación especial por cuatro años para ejercer cargos públicos, advirtiendo que durante la gestión de Charlin en el juzgado "se vivieron situaciones de acoso laboral y de violencia".
Además, argumentó que el ex magistrado se aprovechó de "la relación desigual de poder" y recordó que "los maltratos constantes e impredecibles invadieron la vida personal de las víctimas", principalmente empleadas y funcionarias del Juzgado Federal de Santa Rosa.
Castany también pidió que se oficie a la Oficina de la Mujer de la Corte, al Consejo Nacional de la Mujer y a la Cámara Federal de Bahía Blanca para que se elabore un protocolo para dar tratamiento específico a situaciones de violencia de género y hostigamiento laboral en los tribunales.

Absolución.
La defensa de Charlin -conformada por los abogados Fernando Pagani y Flavia Fernández- fue directamente por la absolución al considerar que las conductoras pudieron ser "socialmente inadecuadas" pero deben ser analizadas en el ámbito del derecho laboral o administrativo, y no en el fuero penal.
Durante los alegatos Pagani, rechazando todas las acusaciones, dijo que "una cosa es un hombre que se monta en cólera, con conductas inadecuadas, y otra es un violento, todos nos ofuscamos en algún momento".
"Desde el momento en que pedimos la absolución, no hay de qué arrepentirse porque el arrepentimiento por definición supone haber incurrido en conductas disvaliosas ya sean captadas por el derecho penal o no. Si no tuvieron lugar, no hay de qué arrepentirse", dijo Charlin en su momento antes de los alegatos, afirmando que su "liderazgo proactivo" se interpretó como "una exigencia desmedida cuando jueces anteriores fueron diferentes".

Los delitos.
Charlin fue acusado, y condenado, por usar fondos en 2013 de la elección primaria para la compra de un escritorio, sillones, un TV Full HD, un equipo de música, un reproductor de DVD y sanitarios. También se le imputó haber realizado comentarios "groseros e incómodos" a la secretaria Penal, Iara Silvestre; por romper "en un ataque de furia" parte del machimbre de la secretaría privada del juzgado y un sillón en los pasillos del tribunal; por amenazar con echar a trabajadores contratados y a Celia Traverso y Adriana Bauman, a quien le puso una trincheta cerrada en el cuello; al fotógrafo Adrián Pascual y al agente de la AFIP, Raúl Amirall.
Charlin era juez federal de General Pico, pero la sede nunca se puso en vigencia en la ciudad norteña y ante los problemas de salud de Pedro Zabala, que era el titular, fue designado como subrogante el tribunal de primera instancia de Santa Rosa.
En 2015 fue citado por el Consejo de la Magistratura de la Nación para iniciarle un juicio político, pero entonces renunció al cargo de juez. Además, en ese año admitió su culpabilidad y llegó a un acuerdo por el cual se le impuso una pena de tres años de prisión en suspenso. Sin embargo, ese juicio abreviado fue declarado inadmisible por el TOF, que ayer lo condenó.

"Un caso muy particular"
"Es un fallo que se ajusta a la pretensión del Ministerio Público", afirmó la fiscal general María Luz Castany, quien había solicitado una pena de 5 años de prisión y cuatro de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, destacó que "se hizo mención que se va a poner en conocimiento de la sentencia a varios organismos".
Sobre el fallo, reconoció que fue más duro ante el planteo de la fiscalía, que "tuvo en cuenta dos tipos penales, abuso de autoridad y malversación de caudales, que contemplan una pena de hasta 4 años de cárcel pero "hay una cláusula dentro del Código Penal que habilita hasta diez años de inhabilitación cuando se trata de un funcionario público".
Además, la funcionaria destacó que se trata de "un caso muy particular" y se manifestó "ansiosa de conocer los fundamentos" del fallo. También recordó que hay "datos nuevos sobre el uso de arma de guerra como instrumento de amenaza", que se continuarán investigando porque "surgieron elementos del debate para determinar si (el ex juez) es responsable o no".