Formalizaron a mujer por envenenar perros

El juez de control Heber Pregno, de la Segunda Circunscripción Judicial de La Pampa con asiento en esta ciudad, ayer a la mañana le inició una causa penal a una jubilada de Colonia Barón, que está sospechada de matar perros con carne envenenada.
El magistrado le formalizó la Investigación Fiscal Preparatoria a María Angélica Mayer (83 años), por infracción a la ley de protección animal y por el delito de daño, dado que los canes eran propiedad de dos vecinas baronenses. La mujer, que el viernes pasado no respondió a la citación de la Justicia, ayer a la mañana fue indagada en sede de Fiscalía y luego se le formalizó la investigación fiscal, en una audiencia de la que participó la fiscala Soledad Forte y la defensora oficial Elba Pozze.
Durante el inicio de la audiencia, la investigadora indicó que el 23 de julio pasado, la mujer descendió de una camioneta en una esquina de Colonia Barón, y dejó una bolsa con carne envenenada para que comieran los perros del lugar. Esto provocó la muerte de un can mestizo y otro de raza labrador.
La investigación comenzó con la denuncia de dos vecinas de Barón, a quienes sus perros murieron producto de envenenamiento. A los animales se les extrajo jugo gástrico, que al ser analizado, resultó que habían sido envenenados con carbamato. Una testigo denunció a la policía, que había visto a Mayer haber dejado en una esquina una bolsa con carne picada. En un allanamiento que se hizo en el domicilio de la sospechosa, se encontró el mismo producto que se detectó en el jugo gástrico de los perros muertos y en la bolsa de carne secuestrada en la esquina en la que había sido dejada.

Otros animales.
Un tercer perro también fue envenenado en Colonia Barón, pero los veterinarios lograron salvarlo a tiempo. También se investiga por separado el envenenamiento de otros animales en la misma localidad, y se trataba de vincular esos casos con la presente causa que se sigue contra Mayer.
Ayer a la mañana, el juez Pregno le formalizó una investigación penal y le impuso una restricción de acercamiento y de comunicación para con las damnificadas, por el término de 90 días.