Crítica empresarial

La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) lamentó la derogación en Mendoza de la ley 9.209, ocurrida el lunes 30 de diciembre de 2019, porque significa «una oportunidad que pierde el país en términos de empleo y de desarrollo productivo regional». La ley 9.209 modificó la 7.722 autorizando prácticas habituales de la minería metalífera, lo que generó un gran descontento social en esa provincia, al punto que el gobernador Rodolfo Suárez (UCR) se vio obligado a impulsar su derogación.
«Lamentamos la postergación del desarrollo cuando más se lo necesita», sentenció la entidad que representa a las empresas vinculadas a la industria, tras la derogación de la ley norma.
Encabezados por su presidente recientemente electo Alberto Carlocchia -representante de la firma Patagonia Gold-, los directivos confían que el debate social que se generó en Mendoza «represente un nuevo punto de partida, que propicie un proceso de diálogo superador mediante la generación de consensos productivos».
«Creemos que la minería, la sociedad civil y el Estado pueden trabajar en conjunto en la búsqueda de una verdadera sustentabilidad, inclusiva y generadora de desarrollo sostenible para todos», sostuvo la cámara en un comunicado que difundió la agencia Télam, al entender que los sucesos marcan que «el trabajo por delante en pos de consensos es arduo y transformador, pero ya se está avanzando en esa dirección».
Sobre los cuestionamientos a la actividad minera, la CAEM resaltó que programas internacionales como la Iniciativa para la Transparencia de la Industrias Extractivas (EITI) y Hacia una Minería Sustentable (HMS) están dando «sus primeros pasos» en el país, constituyendo «un nuevo marco para la industria minera».
A cada programa en marcha «se suman todas las instancias de control ciudadano», expresó la entidad al reafirmar el «compromiso con la gente y con la minería responsable» que permita «aportar experiencia, conocimiento e información científica sobre la industria que es madre de todas las industrias».