Sabado 27 de abril 2024

Abogado pide retenerle la coparticipación a Mendoza

Redacción 14/09/2023 - 10.13.hs

En el caso del río Atuel “incorporamos el incumplimiento de tres años, y pedimos que se ordene el inmediato cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y que, mediante el mismo procedimiento utilizado para establecer una valoración hasta la fecha del fallo, se actualice el daño ambiental ocurrido hasta que la CIDH dictamine o hasta que comience el escurrimiento, y que esa suma sea retenida a Mendoza de su coparticipación, transferida a La Pampa y utilizada por las localidades ribereñas para hacer obras que mejoren la actividad productiva”, explicó Omar Gebruers.

 

Desde Washington, donde el martes presentó dos peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el abogado santarroseño contó que “esta presentación la gestionamos en abril y cuando finalizó el receso del verano boreal nos otorgaron audiencia para presentar una serie de casos de la Cofavi (Comisión de Familiares de Víctimas Indefensas de la Violencia Social), una ONG que viene presentando casos a la CIDH desde hace más de 40 años”.

 

En esta causa, Gebruers representa a Alejandra Domínguez y Elsa Monzón, “dos crianceras caprineras” que resultan “víctimas damnificadas” por la falta de escurrimiento del río. Residen en el oeste pampeano, son ribereñas del cauce seco y están dedicadas a la cría de chivas. Ambas reclaman a la CIDH que “intime al Estado argentino para que cumpla o haga cumplir el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia el 16 de julio de 2020”, que ordena liberar “un caudal mínimo permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite interprovincial entre La Pampa y Mendoza”.

 

“Tratamiento urgente”.

 

En diálogo con Radio Noticias (FM 99.5) comentó que la CIDH funciona en un edificio de la Organización de Estados Americanos (OEA). “Hay una oficina de medidas cautelares, otra oficina de control de ejecución de las medidas cautelares y una oficina de Secretaría Ejecutiva, donde se reciben las peticiones”. El procedimiento se formaliza “durante una reunión en torno a una gran mesa, frente a cinco funcionarios de la CIDH, entre ellos relatores para Argentina y para América Latina”. La presentación, en realidad, resulta una “ratificación de la presentación que previamente se había realizado en forma digitalizada” y Gebruers aclaró que “la Cofavi tiene la costumbre de presentar sus casos en forma personal”.

 

“En nuestra cautelar pedimos a la CIDH que ordene al Estado argentino el cumplimiento inmediato del fallo, ya sea a través del PEN o de la STJ”, reiteró. Y explicó que “ahora habrá que ir siguiendo día a día la causa porque la Comisión no tiene plazos, pero al ser una medida cautelar destinada a impedir que siga consumándose un daño, es posible que obtenga un tratamiento más urgente”.

 

El caso Canale.

 

Hace casi dos décadas, Omar Gebruers se encargó de llevar hasta la CIDH una demanda contra el Estado pampeano por el caso Canale. “Fue admitido en 2005 y su sentencia generó la necesidad de crear el Tribunal de Impugnación Penal en La Pampa por falta de garantías para segundas instancias”, recordó. Aquel dictamen de la Comisión Interamericana obligó también a modificar el Código Procesal Penal, estableciendo el actual modelo acusatorio.

 

“En esa causa todavía faltan resolver las peticiones económicas, porque la indemnización que la provincia pagó a los condenados que fueron falsamente acusados de provocar la muerte de Canale, resulta insuficiente y exigua”, advirtió. Según Gebruers, la justicia pampeana volvió a equivocarse cuando “consideró prescripta la indemnización por torturas, que son un delito imprescriptible”.

 

En virtud de que el Estado provincial “no ofreció una reparación, el caso pasará a la Corte Interamericana para que dicte sentencia”. El abogado recordó que “las indemnizaciones internacionales se calculan en dólares, por lo cual no pierden valor con el paso del tiempo” y aclaró que “además tienen criterios para establecer los montos muy distintos a los que utiliza la justicia argentina, y en especial la justicia pampeana”.

 

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