Abusos: abogados elevan al STJ la queja contra jueces

El grupo de abogados y abogadas penalistas que reclama igualdad de armas para defender a las personas acusadas de delitos de índole sexual y de violencia contra las mujeres difundieron ayer el texto que, a través del Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa, elevaron al Superior Tribunal de Justicia. La entidad que los agrupa, explicaron, llevó el documento al STJ en cumplimiento de una de las obligaciones que el Colegio tiene por ley.

 

El plenario se realizó el 26 de abril de 2022 bajo el título: "Justicia - Género - Derechos en el Proceso Penal". Allí realizaron duras críticas a los jueces de todas las instancias, desde los de Control hasta los miembros del STJ.

 

Si bien aseguraron que existe la necesidad de que la Justicia actúe con perspectiva de género, plantearon que hay "algunas circunstancias de procedimiento" que "generan dificultades para los acusados" y solicitaron que, como en todos los demás tipos de delitos, primen: el principio de inocencia, el indubio pro reo, el derecho a un juez o tribunal imparcial, el derecho a obtener un pronunciamiento fundado, el derecho a la defensa técnica efectiva, el derecho de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior. "Todo lo cual lleva a conformar el 'Debido Proceso'", añadieron.

 

"No se pone en discusión la necesidad de abordar estas causas con perspectiva de género (...), solicitamos que las garantías constitucionales de las personas sometidas a una instancia penal por esta temática sean respetadas como en cualquier otro tipo de delito", afirmaron.

 

Igualdad de armas.

 

Más adelante, aseguraron que durante el plenario, por unanimidad, se concluyó que, "en el trámite que se imprime al proceso penal actual, no está garantizada la igualdad de armas de las partes, existiendo un importante desfasaje en perjuicio de la defensa (pública o privada)." "La estructura logística y económica del MPF (Ministerio Público Fiscal) es ampliamente superior a las posibilidades de la defensa (...). Esta disparidad se agrava además por la falta de voluntad del MPF en ser receptivo de manera crítica de las hipótesis de defensa", afirmaron.

 

"Hubo coincidencias en los presentes, en que ese desequilibrio es producto -entre otras razones- de la ausencia de protagonismo de los jueces de control que no cumplen con el rol que el Código Procesal les ha asignado", agregaron.

 

Narraron además que el plenario coincidió en "reclamar a los integrantes del MPF que cumplan con su deber de objetividad". "En las Fiscalías de Género, es habitual que sólo se asuma un rol de partes y aunque no se crea totalmente el relato de la denunciante se opte por avanzar en el proceso, llevando a juicio cualquier pretensión antes que instar el sobreseimiento por falta de pruebas", dijeron.

 

Otro cuestionamiento a los fiscales fue que no muestran a las defensas toda la evidencia recabada en su tarea investigativa.

 

Propuestas.

 

Otra de las coincidencias fue que la Defensa Pública debería tener mayor independencia funcional y contar con equipos técnicos propios. "Si bien funcionalmente los equipos técnicos dependen del STJ, en la práctica trabajan como auxiliares del MPF. Hubo coincidencia en la necesidad de la creación del Ministerio Público de la Defensa Penal con carácter autónomo y autárquico", escribieron.

 

Respecto de la Oavyt aseguraron que el organismo no hace pericias pero sus intervenciones (de corte asistencial) son evaluadas como si lo fueran, dándoles un rigor probatorio que no tienen. A esto agregaron que, fundado en ellas, en las etapas iniciales del proceso se aplican restricciones a la libertad del imputado, a punto tal que en la mayoría de los casos la defensa se ve privada de contrainterrogar a la denunciante en el debate. "La propuesta en este caso es que las cuestiones asistenciales no sean valoradas como prueba en el juicio", sostuvieron.

 

En el caso del sistema de Cámara Gesell propusieron que el psicólogo oficial que hace la entrevista no sea quien realice la pericia psicológica con ese mismo entrevistado; que se fije plazo para la realización de las entrevistas en Cámara Gesell; que se admita que, sin perjuicio de que la dirección de la entrevista quede a cargo del perito oficial, se permita el ingreso y participación activa del perito de parte; que a los técnicos intervinientes no se les dé acceso al legajo y que la información que reciban sea provista por las partes previa la realización de la entrevista y con presencia del juez; y que los informes de Cámara Gesell no contengan valoraciones donde se liguen las conclusiones psicológicas (credibilidad del relato) con las valoraciones fácticas que es tarea propia del juez.

 

En cuanto a las pericias psicológicas, propusieron que se adjunten los test y actividad pericial que realice el profesional y en los que justifica sus conclusiones; que se deje registro fílmico y de audio de la entrevista clínica pericial a los mismos fines de contralor; y que las conclusiones periciales se limiten a su área de incumbencia.

 

A los jueces.

 

También advirtieron al STJ que la Oficina Judicial "se excede en sus funciones actuando a modo de 'secretaría' y/o de agenda del MPF y arrogándose funciones 'de parte' en el proceso".

 

A los jueces de control, específicamente, les cuestionaron una excesiva aplicación de medidas cautelares sin apego a las exigencias procesales; falta de fundamentación de medidas jurisdiccionales que se resuelven a petición de la fiscalía; y una desigual aceptación de pruebas de las partes y aceptación sin cuestionamientos de toda acusación fiscal, sin el debido saneamiento.

 

A los jueces de juicio, les endilgaron que ya no tienen en cuenta "el beneficio de la duda y la presunción de inocencia en esta temática" y que "omiten en sus sentencias valorar las alegaciones de la defensa".

 

A los jueces del Tribunal de Impugnación Penal les achacaron una "excesiva convalidación de las sentencias condenatorias sin un debido contralor sobre las valoraciones probatorias, lo que afecta la garantía del doble confronte."

 

Por último, al opinar sobre el accionar de los ministros del STJ en este tipo de causas, sostuvieron que hubo una "preocupación unánime" porque, si bien se desconocen las estadísticas provinciales, "se estima que un alto porcentaje de los recursos de casación y recursos extraordinarios federales son considerados 'inadmisibles', lo que implica una clara limitación al acceso a justicia para la defensa."