Acuerdan una pena por fraude

(General Pico) - Un empleado del municipio piquense acordó una pena de dos años de prisión en suspenso, en el marco de una causa en la que se le imputó el cargo de “Fraude a la administración pública”, por haber otorgado beneficios con tarjetas SUBE a más de una veintena de usuarios que no tenían certificado de discapacidad.

Ayer a la mañana, la jueza de control, Ana Laura Ruffini, coordinó la audiencia en la cual las partes presentaron un acuerdo de juicio abreviado, que firmaron el fiscal Matías Juan, el defensor privado Martín Herrero Galvagno y el propio imputado, un empleado municipal que se desempeña en la Terminal de Ómnibus y que está a cargo de administrar las tarjetas SUBE. El imputado, a quien el municipio piquense le inició un sumario, reconoció el hecho y acordó una pena de dos años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La causa se inició a partir de una denuncia penal que radicó Gustavo Bernardini, a cargo del área de Transporte de la comuna local. Según pudo establecer la Fiscalía en el marco de la investigación que se llevó adelante, el imputado, otorgó 22 tarjetas a amigos, familiares y allegados, a quienes hizo pasar como personas con discapacidad, pese a que no tenían un certificado que corroborara esta condición.

Mediante esta maniobra delictiva, el imputado le generó al municipio, un perjuicio económico de más de un millón de pesos. Sin embargo, no se pudo establecer que el acusado, mediante esta maniobra, lograra un rédito económico.

La calificación legal que acordaron las partes, es la de Fraude a la administración pública.