Acusado de parcialidad en un concurso, Marcos Paz salió al cruce de la Asociación de Fiscales

Marcos Paz, uno de los miembros del Consejo de la Magistratura, el organismo que selecciona jueces, fue apuntado por la Asociación de Fiscales, que le endilgó tener un sesgo negativo hacia los representantes del Ministerio Público Fiscal que se presentaron a concursar para jueces. La respuesta del consejero señalado fue con los “tapones de punta”.

“En el orden de mérito, los actuales fiscales que pretende defender la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la provincia de La Pampa, (Andrés) Torino y (María Cecilia) Martini, ocuparon el último y penúltimo lugar respectivamente, por lo que lejos están de ocupar la terna que debe conformar el Consejo de la Magistratura para integrar el TIP”. Así arrancó la defensa que hizo de sí mismo el consejero de la Magistratura Marcos Paz, luego de ser acusado de tener un prejuicio respecto de los fiscales que pretenden ser jueces.

Paz integra el organismo que selecciona a los jueces en La Pampa en representación del Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa, que tiene dos matriculados en la institución, los cuales interactúan con dos representantes del Poder Legislativo y el presidente del Superior Tribunal de Justicia. “Para definir la ubicación se otorgan 30 puntos por el examen escrito, 30 puntos por los antecedentes y 40 puntos por la entrevista personal. En esta última, ambos postulantes al cargo de Juez del Tribunal de Impugnación Penal obtuvieron 30 puntos. En este caso, dicha puntuación fue otorgada de manera unánime e individual por los cuatro integrantes del Consejo de la Magistratura. De allí que pretender cargar sobre el suscripto, la ubicación en el último y penúltimo lugar del ranking, resulta cuanto menos inaceptable e injusta”, afirmó el abogado.

No impugnaron.

La nota que la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPF elevaron al Consejo de la Magistratura y al Colegio de Abogados puede leerse en el artículo que acompaña esta nota. Marcos Paz, entre las tantas consideraciones que hizo sobre la misma, añadió que los postulantes Torino y Martini no formularon ninguna impugnación al acto de la entrevista, cuestión que admite la Ley del Consejo de la Magistratura, por lo que puso en duda el “espíritu constructivo” que motivó la presentación de la queja en su contra.

“El deber de objetividad, le cabe a los fiscales, como el de imparcialidad, a los jueces, y esto es por imperativo ético y normativo. Los integrantes del Consejo de la Magistratura, y el suscripto en particular, no necesitamos que la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, nos requiera y/o sugiera, ninguna indicación y/o evaluación respecto a los valores, que debe tener en consideración cada integrante del Consejo”, dijo.

“Justamente, el respeto a los valores de igualdad, merito y neutralidad que la sociedad exige y que el AFMPF refiere en su nota, han sido ratificados en este concurso para integrar el Tribunal de Impugnación Penal. Las entrevistas estuvieron dirigidas a que, quien integre la terna para el STJ, tenga el mérito suficiente, respetando la igualdad y neutralidad. A partir de ello Torino y Martini, quedarón último y penúltimo respectivamente”, insistió.

Y añadió: “Ni Torino ni Martini dictaron alguna vez una sentencia y ello claramente fue considerado por el suscripto, junto a muchos otros elementos. En la entrevista personal, no pudieron siquiera quebrantar los ‘prejuicios’ que imputan al suscripto. Las preguntas fueron realizadas con esa clara intención, les di esa oportunidad y sin embargo no la supieron neutralizar.”

Pedido de sumario.

Por último, Marcos Paz se mostró sorprendido por el señalamiento personal de la Asociación, a la que adjudicó un “espíritu de cuerpo mal entendido”. Pero acto seguido se permitió inferir que quizá la queja en su contra esté relacionada con que el lunes 20 de octubre solicitó la intervención sumarial del STJ para que evalúe la conducta desplegada por la Fiscal de Ejecución de la ciudad de Santa Rosa Marisol Emilia Rodríguez, a quien acusó de desoir e incumplir recientes fallos del TIP y del STJ respecto a la aplicación de los estímulos educativos, algo que, a su criterio, “afecta el correcto desenvolvimiento de la Justicia, incumple el deber ético de objetividad y el principio de legalidad, que como imperativo ético y jurídico respectivamente le impone la ley, todo lo cual impacta sobre la libertad de los ciudadanos”.

“Debo aclarar aquí que como abogado no claudicaré en mi lucha por las libertades, los derechos y la correcta administración de justicia. La selección de los jueces y funcionarios judiciales es una instancia determinante para el ingreso a una carrera judicial, que otorga perpetuidad y por ello tan alta responsabilidad que tenemos los integrantes del Consejo, no puede ser interferida por terceros, por lo que la nota remitida por los fiscales, resulta de por sí un intento de intromisión totalmente inadecuado, exigiendo evaluaciones, pidiendo medidas, y solicitando compromisos totalmente innecesarios y fuera de lugar, asumiendo una legitimación ante el Consejo de la que carecen totalmente y no sólo por cuestiones legales”, finalizó.

La queja del MPF.

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal envió una nota al Consejo de la Magistratura pidiendo que se garantice la transparencia e independencia en los procesos de selección y examen, a la vez que pidieron que adoptara medidas para preservar la confianza pública en la objetividad del Consejo.

“Concretamente en el reciente concurso para cubrir una vacante para el cargo de Juez del Tribunal de impugnación de la Provincia, en la evaluación correspondiente a dos Fiscales, el integrante que representa los intereses del Colegio de Abogados y Procuradores de La Pamрa ante el Consejo de la Magistratura les indicó que tenía prejuicios en función del cargo que ocupaban actualmente y relacionándolo directamente con el cargo a cubrir, haciendo hincapié en que no habían redactado previamente sentencias y que ello representaba un minus (menos o negativo), requiriendo a los evaluados que demuestren en el examen de qué forma podían hacer notar que eso no era una contra (afirmando que para él si lo era), resaltando que a su entender ello así lo era en comparación con otros evaluados y por su pertenencia y procedencia judicial”, argumentaron.

Añadieron que el consejero indicó que él tenía un preconcepto y un prejuicio de que los fiscales, por su rol, no podían tener la imparcialidad que se requiere para un cargo de juez. En su nota, la Asociación expresó que los dichos del consejero demostraban con claridad “un sesgo y prejuicio del evaluador que, paradójicamente, a la postre, se lo reprochan a los evaluados en el dictamen final”.

“En conclusión, resulta evidente que la evaluación, al menos en relación a la entrevista oral, permitió exigencias y consideraciones negativas que no son exigidas por la Constitución Provincial, ni Leyes concordantes. Entendemos que hubo un trato desigual, que se ve incluso reflejado en dichos dictámenes, con la gravedad que implica haberse permitido reconocer dichos prejuicios en la misma entrevista sin ser advertidas”, plantearon.