Allanaron la CPE por denuncia de ex empleados

Un fiscal realizó el viernes de la semana pasada un allanamiento en la sede central de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa en el marco de una denuncia por “estrago culposo” contra las autoridades de la entidad solidaria. La presentación judicial la realizaron tres ex empleados en las horas posteriores al derrumbe de una enorme loza ubicada sobre un área de atención al público. Cabe recordar que el desplome tuvo lugar el domingo 1 de enero, razón por la cual no había personas en ese lugar, un sitio de acceso al público los días hábiles.

 

“Se hizo la diligencia para secuestrar documentación que estábamos necesitando. Se secuestraron elementos informáticos y documentación en papel. Tiene que ver con elementos de prueba que traten de acreditar la existencia o la preexistencia de avisos previos al suceso, que determinen algún tipo de responsabilidad por omisión de los responsables de la CPE”, explicó una fuente judicial a este diario.

 

-¿Hay imputados?

 

-Estamos en la etapa previa, no hay imputados, pero sí hay responsables de áreas sobre las que puntualizamos, el presidente, el gerente general, el gerente de Recursos Humanos y el síndico titular. Este último por una cuestión de que tiene la función de controlar el cumplimiento de las actividades de los otros.

 

Aunque no están imputados, la Justicia secuestró los teléfonos celulares del presidente del Consejo de Administración de la entidad, Alfredo Carrascal -también se llevaron su computadora-; del actual gerente general, Luis Usero; del gerente de Recursos Humanos, Javier Rojas; y del síndico titular, Raúl Pedernera.

 

Respecto a Usero cabe aclarar que su asunción en la gerencia general es reciente, pues siempre ocupó la gerencia comercial y llegó a su nuevo cargo cuando su antecesor, Ariel Martínez, inició los trámites de su jubilación, a fines del año pasado.

 

Testigos citados.

 

La denuncia recayó en el fiscal Facundo Bon Dergham, quien solicitó la autorización para allanar al juez de control Carlos Ordas, quien habilitó el procedimiento. Fuentes de la CPE aseguraron que el operativo se desarrolló con total colaboración de las autoridades cooperativas, quienes pusieron a disposición de los agentes judiciales toda la información requerida e incluso alguna otra que estos descartaron, al menos por ahora.

 

Las fuentes consultadas en la Justicia aseguraron que ya están citados a declarar unos diez o 12 testigos, básicamente trabajadores que se desempeñan en el sector donde ocurrió el derrumbe de la loza. “Según la denuncia había algunos trabajadores que ya habían hecho algún reclamo previo a esta situación. Entonces, queremos ver si esos reclamos se realizaron y si se hizo o no alguna acción al respecto. Es decir, si hubo una conducta negligente de parte de las autoridades de la cooperativa. La carátula (del expediente judicial) es estrago culposo”, explicaron.

 

En la CPE estiman que detrás de la denuncia está el gremio Luz y Fuerza La Pampa, pues los ex trabajadores que hicieron la presentación, ya jubilados, fueron o son parte de ese sindicato.

 

Derrumbe.

 

La caída de una parte del techo del sector de atención al público, en la sede central, se produjo el 1 de enero por la mañana. En ese momento llovía. El derrumbe podría haber resultado trágico de haber ocurrido un día de semana, cuando el sector recibe a quienes realizan diversos trámites.

 

Desde la CPE aseguran que los informes técnicos que tenían sobre la situación de ese techo, que estaba bajo estudio, de ningún modo indicaban que podía caerse como ocurrió. El Consejo de Administración, con apoyo del Cuerpo de Delegados/as, decidió contratar una pericia externa para lo cual acudió a un ingeniero civil de Bahía Blanca, quien ya visitó el lugar junto con un escribano.

 

En forma simultánea solicitaron informes a las oficinas internas de la cooperativa sobre los antecedentes respecto de tareas en la losa. Hasta el allanamiento del viernes no se conocía sobre la existencia de denuncia penal alguna respecto al desplome.