Álvarez defendió planes provinciales

“Es indispensable trabajar en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil", sostuvo el ministro de Desarrollo Social Diego Álvarez, al defender los convenios firmados por el Gobierno provincial con representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la atención de niñas y niños en situación de vulnerabilidad.

 

La presencia del ministro y todo su gabinete en la Comisión de Legislación Social y Salud Pública, presidida por Laura Trapaglia, se extendió por más de cuatro horas, y los expositores les explicaron a los y las legisladores el trabajo que se lleva adelante en el marco de los convenios firmados con la Asociación Rumén, Fundación Ayudándonos, Fundación Cosecha Completa, Fundación Wetraché y Asociación Civil Otto Krause, que estuvieron presentes a través de representantes.

 

Fue la diputada Gisela Cuadrado (UCR) quien quiso saber, presentando un proyecto, detalles sobre el funcionamiento de ese vínculo. Así solicitaba que el Poder Ejecutivo “arbitre los medios necesarios para llevar a cabo una auditoría externa de los programas sociales que se aplican en niñez, discapacidad y personas mayores”.

 

Blanco sobre negro.

 

Participaron del encuentro como quedó dicho el ministro Diego Alvarez y todo su equipo, ofreciendo un detallado informe. “Es productivo que tengamos esta oportunidad para poner blancos sobre oscuros, de despejar todo tipo de dudas sobre la política pública que llevamos a cabo en el Ministerio de Desarrollo Social para nuestros niños y niñas, y que cada peso pensado y destinado para ellos llegue efectivamente a su destino", sostuvo.

 

Al contextualizar el tema agregó que “lo que se trabaja en el marco de estos convenios tiene que ver con situaciones de niños y niñas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Son los niños y niñas que el Estado ha tenido que retirar de sus ámbitos familiares mediante medidas excepcionales para garantizar su protección y promover un plan de restitución de derechos".

 

Trabajar en conjunto.

 

Enseguida recordó que a partir del año 2006 se comenzaron a firmar los primeros convenios con instituciones, en busca de profesionalizar la respuesta del Estado ante situaciones de mayor complejidad. "Este proceso se profundizó con la sanción de la Ley Nacional 26.061 y la Ley Provincial 2703, que establecen el sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes", indicó.

 

Siguió señalando que “en el marco del nuevo paradigma es indispensable trabajar en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil”, y afirmó que las cinco que estaban presente en la Sala del Pensamiento de la Legislatura tienen una trayectoria previa a la firma de los convenios: “No se quedaron solamente con la firma; profundizaron sus actividades, su compromiso social y su vínculo con la comunidad”.

 

Expresó el ministro que esa articulación “se hace importante con fundaciones, instituciones o clubes. La normativa nos indica ampliar el sistema de protección integral fomentando y potenciando esa capacidad que hay en territorio”.

 

Incremento de montos.

 

Gisela Cuadrado, autora del proyecto en cuestión, quiso saber más sobre los convenios firmados con determinadas instituciones dedicadas al alojamiento y atención de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales. Mencionó los montos dispuestos en los convenios, que en algunos casos pasaron de 50 a 75 millones de pesos y explicó por qué se dieron esos incrementos. “Tiene que ver con un fenómeno de la economía, que es la inflación. La estructura de costos a valor real siempre se sostuvo en el tiempo. Para el funcionamiento de un hogar, el costo salarial representa entre un 75 y un 80 % del total”.

 

Respecto a la inquietud de Cuadrado de cómo se seleccionan las entidades dijo que “cuatro de las cinco que hoy están acompañándonos ya venían con convenios preexistentes, donde se venía con un trabajo desarrollado”.

 

Finalmente destacó el carácter excepcional de las medidas de institucionalización: “En la provincia hay intervención activa en 8.000 situaciones de vulneración de derechos, y el año pasado solo se tomaron 36 medidas de protección excepcional. La excepcionalidad está claramente presente”, afirmó.