Atuel: abogado fue a la CIDH para que se cumpla el fallo

Omar Gebruers viajó a Estados Unidos y presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar para que ese organismo obligue al Estado argentino “a cumplir o hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordenó a Mendoza la liberación de un caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo en el Puente de los Vinchuqueros”.

 

Acompañado por la abogada Ana Herren, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional, el letrado pampeano también presentó una petición contra el Estado argentino “por lawfare en el caso Tatavitto”, a quien el Superior Tribunal de Justicia ordenó absolver, pero continúa condenado injustamente a 12 años de prisión.

 

Ayer, aproximadamente a las 17, Gebruers salió del edificio de la CIDH, ubicado en 1889 F Street de Washington, atesorando entre sus manos las copias en papel de las peticiones presentadas, con el sello de “Recibido” estampado sobre sus carátulas a las 4:54 pm.

 

“Cumplir o hacer cumplir”.

 

Gebruers se presentó como peticionante ante la CIDH, en representación de Alejandra Domínguez y Elsa Monzón, “dos crianceras caprineras” que resultan “víctimas damnificadas” por la falta de escurrimiento del río. Ambas residen en el oeste pampeano, son ribereñas del cauce seco y están dedicadas a la cría de chivas.

 

Las productoras pampeanas reclamaron a la Comisión Interamericana que “intime al Estado argentino para que cumpla o haga cumplir el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia el 16 de julio de 2020”, a través del cual ordenó “la liberación de un caudal mínimo permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite interprovincial entre La Pampa y Mendoza, a fin de comenzar con el cese del daño ambiental y monitorear si cumple con los requerimientos para la recomposición del noroeste pampeano”.

 

Si bien la CIDH no tiene plazos establecidos para definir sus resoluciones, “por tratarse de una medida cautelar, el pedido tendría rápido tratamiento y somos optimistas de que no pasará mucho tiempo hasta que tengamos alguna noticia”, se esperanzó Gebruers.

 

La presentación fue acompañada con documentación que acredita todos los antecedentes de este emblemático caso, y una copia del fallo emitido por la Corte del que ya se cumplieron tres años. “Esa sentencia establece con palmaria claridad que la liberación del caudal debe ejecutarse inmediatamente para evitar que continúe el daño ambiental, y creemos que la CIDH no tendrá dificultades para comprender los argumentos de las damnificadas y dictar una resolución” agregó.

 

Caso Tatavitto.

 

Gebruers también presentó una petición contra el Estado argentino, en la que denuncia el “lawfare” operado en el juicio contra Marcelo Tatavitto. “Fue una causa armada. Logramos demostrarlo y así lo confirmó también el Superior Tribunal de Justicia, cuando advirtió que no existían pruebas para condenarlo y ordenó dictar una sentencia nueva en la forma más urgente posible y de acuerdo a los fundamentos establecidos en su propio fallo”.

 

Eso significaba “lisa y llanamente que el TIP debía dictar una absolución, pero los jueces volvieron a condenarlo, desoyendo una sentencia del máximo tribunal, de la que ya se cumplieron 53 meses”, denunció.

 

En esta presentación Gebruers estuvo acompañado por Ana Herren, una especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional, quien asistió al juicio oral desarrollado entre noviembre y diciembre de 2015. “Ella participó como parte de nuestro staff legal, con el objetivo de controlar las garantías del debido proceso y la defensa en juicio”. Y ahora “acompañó la petición ante la CIDH sumando todos esos incumplimientos observados durante el debate”, concluyó.