Lunes 27 de marzo 2023

Bravo enfrenta una condena de cinco años

Redacción 04/02/2023 - 00.52.hs

La fiscala federal Iara Silvestre, llevó adelante su alegato para mantener la acusación central de la causa por trata de personas, por hechos ocurridos entre 2011 y 2012 en 25 de Mayo, contra Nurys Caraballo Castillo, David Bravo y Miguel Oyarce, ante el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa. En el mismo dio por acreditada la imputación y pidió 5 años de prisión para los dos primeros y 3, en suspenso, para el último. La semana que viene será el turno de exponer para las defensas, y el 15 de febrero los jueces dictarán su sentencia.

 

La doctora Iara Silvestre hizo un largo alegato de este juicio que sentará jurisprudencia en La Pampa y en el país. Inició su exposición a las 8.30 y finalizó cerca de mediodía, donde el tribunal dictó un cuarto intermedio hasta la próxima semana.

 

Silvestre dividió en tres segmentos su alocución. Primero se extendió en recordar pruebas que, asegura, le otorgan responsabilidad que le cupo al ex intendente, actual concejal y ahora nuevamente candidato a jefe comunal por el Movimiento Popular Veinticinqueño, en otorgar en forma irregular las habilitaciones al cabaret "Venus" y luego al "Resto Bar Karibian".

 

Luego, rememoró pruebas y testimonios que, a su entender, configuran certezas sobre que "en ése lugar había mujeres en situación de prostitución mediando abuso de sus situaciones de vulnerabilidad". Finalmente se ocupó sobre la imputabilidad de los tres acusados.

 

Madama dominicana.

 

A la hora del pedido de penas, la fiscala pidió 5 años de prisión para la dominicana Nurys Caraballo Castillo, quien tiene un antecedente de una causa similar por regentear una casa de tolerancia en Colonia Catriel en la que el TOF de General Roca le impuso una pena de 3 años. Y dijo que en 25 de Mayo, "acogía a las mujeres en la casa contigua al salón, y estaban a disposición de la explotación sexual, hoy conocida como esclavitud moderna. En los allanamientos se recogieron 3 testimonios pero había 15 mujeres en la misma situación".

 

Silvestre consideró a Caraballo "autora del delito de trata de personas en la modalidad de acogimiento de mujeres mayores de 18 años, mediando abuso de su situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual mediante el facilitamiento y obtención de provecho económico de su comercio sexual, cometido en perjuicio de más de tres mujeres (dio las iniciales de 15: KE; BDP; JMAS; OP; MSH; JICA; RNE; MLG; CCJ; YAM; MNC; YRF; PMC de S; LEO y HCC). Esto en concurso ideal con el delito de sostenimiento de una casa de tolerancia, por hechos ocurridos entre el 13 de enero de 2011 y 6 de octubre de 2012 en la Parcela 10 de la Sección Chacras de 25 de Mayo".

 

"Bravo sabía".

 

En el caso del ex intendente, actual concejal y otra vez candidato al cargo de jefe comunal, la fiscala Silvestre, pidió la pena de 5 años de prisión, 3 de inhabilitación para cargos públicos, accesorias y costas. Argumentó que el entonces intendente David Edgardo Bravo, no podía negar, como lo hizo al declarar, no saber qué pasaba en ése cabaret. "Es un pueblo chico donde todos sabían. Y no solo conocía su existencia sino que hizo un aporte indispensable al firmar las habilitaciones y sus renovaciones express, para darle una fachada de legalidad", expresó.

 

Con esta percepción, la fiscala acusó a Bravo de ser "autor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con la participación necesaria en el delito de trata de personas en la modalidad de acogimiento de mujeres mayores abusando de su situación de vulnerabilidad con fines de explotación sexual, y en el delito de sostenimiento de una casa de tolerancia".

 

Encubridor.

 

Para la fiscala, Miguel Oyarce, quien en el momento de los hechos era el comisario de 25 de Mayo, es imposible que no supiera que pasaba en ése lugar. Y le imputa no haber adoptado las medidas necesarias para hacer cesar el delito, ni haberlo hecho saber a las autoridades judiciales competentes.

 

Por ello la representante del MPF lo acusó de "autor del delito de encubrimiento", y reclamó una pena de tres años, mas accesorias y costas.

 

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