Clarín profundiza su ofensiva y multiplica su oferta de internet

La Municipalidad de Santa Rosa no abandona el conflicto con la empresa Clarín: le labró 115 infracciones y le quitó 40 postes ilegales, pero el multimedios no le teme. Casa por casa, trabajadores de Movistar/Telefónica -bajo el control del Grupo Clarín- preguntan por la calidad del servicio de telecomunicaciones de la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) y ofrecen su servicio con múltiples ofertas a los usuarios.

La municipalidad y el multimedios dirimen el conflicto por la vía administrativa y Clarín trasladaría las acciones a la vía judicial, preferentemente la Justicia Federal, porque la comuna no lo deja operar en la ciudad ya que el proyecto no fue aprobado en el Concejo Deliberante.

Ahora, la empresa plantea la nulidad del acto administrativo por considerar incompetente a la Municipalidad para adoptar resoluciones en materia de telecomunicaciones. Luego, como indica la Dirección de Asuntos Jurídicos en el dictamen, “reconoce las facultades que posee el municipio y hace un paralelismo entre situaciones en las cuales se contraponen leyes provinciales con nacionales indicando que deben prevalecer estas últimas. Luego, pero sin profundizar ni argumentar más allá de lo dicho, la impugnante introduce la competencia de la Justicia Federal para entender en los casos como el presente”.

La Dirección aclaró que la empresa “se sometió al control de la Municipalidad, sin perjuicio que en un acápite posterior la quejosa intenta darle a esa acción los alcances de un mero ‘aviso’ bajo un pretexto de principio de ‘cooperación’”. Sin embargo, señaló que la firma solicitó los permisos correspondientes en “el entendimiento de que el Municipio es plenamente competente para otorgar los permisos y autorizaciones para realizar intervenciones en el espacio público con el fin de la instalación de infraestructura”.

Ofrecen servicio.

LA ARENA informó el sábado que la Municipalidad ya labró 115 infracciones por postes colocados en zonas de la ciudad no autorizadas y le retiró 40 columnas. Pero la irregularidad y la impunidad de Clarín continúan. A través de distintos medios de comunicación y con personal dispuesto a recorrer casa por casa, ofrecen el servicio con un único objetivo: “competir” o arrasar con los usuarios de la Cooperativa Popular de Electricidad.

No se puede hablar de “competencia” porque no hay igualdad de condiciones. El multimedios ofrece su servicio con múltiples promociones y precios muy bajos para lograr que la mayor parte de la ciudadanía los elija y, pocos meses después -cuando la CPE pierda la mayor cantidad de usuarios de telecomunicaciones-, aumentar los valores a un precio impagable.

Ya lo dijo el especialista en medios de comunicación, Martín Becerra: “Clarín trata de modificar las leyes a la medida de sus necesidades, y ha tenido mucho éxito al respecto en el pasado. Pero si las leyes no se adecúan a sus necesidades, Clarín avanza igualmente con hechos consumados”. Hace algunos meses, en el canal cooperativo de Santa Rosa definió al avance de Clarín con los tendidos y la oferta de precios irrisorios para el servicio de internet a través de fibra óptica como “una clásica estrategia de dumping”. Pero, ¿qué es el dumping? Es una práctica de competencia desleal en comercio donde empresas ofrecen productos a precios inferiores a su valor normal o al costo de producción, con el fin de eliminar la competencia.

La agresiva campaña publicitaria de Clarín en Santa Rosa ya se puede observar desde el año pasado. Ahora continúa en el norte de la ciudad. Por estos días, vendedores del servicio visitaron casa por casa a vecinos y vecinas del barrio Malvinas Argentinas, zona en la cual el Municipio ya quitó postes.

El primero te lo regalan.

“¿Tenés el servicio de la CPE? ¿Y cómo anda?”. Esa es la pregunta inicial de los promotores y le sigue la entrega de un folleto con distintas promociones para ofrecer internet con “descuentos especiales para clientes Movistar”. Con lapicera dejan escrita una aclaración: la instalación y el primer mes es sin cargo. Además, indican que los 1.000 MB tienen un valor de $ 20.000 para personas que tienen Movistar y de $ 24.000 para aquellos que no tienen Movistar. “Podemos poner el servicio y lo probás”, dicen los vendedores y endulzan los oídos: “Tus vecinos ya van a probar. Ahora vamos a cablear en las viviendas”.

La pregunta es sencilla: ¿qué pasará con esos vecinos que pagaron el servicio de una empresa que no cuenta con la autorización para cablear? ¿en dónde se quejarán cuando el municipio quite el poste que le brinda el servicio que ya pagaron? ¿la oficina de Defensa al Consumidor será quien reciba las quejas o podrán iniciar acciones en la Justicia por ofrecer un servicio ilegal? ¿O, como dijo Becerra, sobre un hecho consumado ya nadie puede avanzar?