Como con Báez Sosa, debaten si fue homicidio simple o en riña

“Si se comprobara que una o varias personas fueron autor o coautores, el tipo penal aplicable sería homicidio simple, con penas de 8 a 25 años de prisión, pero si no pudiera establecerse con certeza resultaría homicidio en riña, con pena atenuada de 2 a 6 años”, respondió Leandro Lobato, al ser consultado sobre el caso de Maximiliano Esteban Villegas. Esta alternativa entre ambas figuras repite el debate legal del caso Fernando Báez Sosa, cuya primera instancia culminó con la identificación de autores primarios y secundarios, condenados a reclusión perpetua y penas de 15 años por el agravante de alevosía.

 

Esteban tenía 18 años. El 16 de octubre de 2022 fue ultimado a puñaladas cuando intentaba defender a su hermano menor, atacado en una esquina del barrio ARA San Juan. Mañana su cumplirán cuatro meses del triste episodio, cuya investigación avanza muy lentamente mientras los presuntos asesinos siguen reuniéndose cada noche “armados con cuchillos, bajo el caldén del boulevard, frente al Centro de Salud” del barrio.

 

Lobato, representante de la querella familiar, contó que “en este caso claramente hubo un golpe mortal, aunque todavía no está identificada la persona que asestó esa puñalada” y afirmó que “la investigación sigue su ritmo: hemos solicitado medidas para determinar quién aplicó la cuchillada mortal y estamos convencidos de que es posible identificarlo”.

 

De todas maneras, en este caso “el derecho impone claras diferencias y muestra un enfoque muy distinto porque involucra a menores de entre 14 y 16 años”. Mientras los primeros son absolutamente inimputables, a partir de los 16 años ya les cabe responsabilidad penal.

 

Testimonios demorados.

 

En diálogo con Radio Noticias, Lobato relató ayer lo ocurrido aquella noche. “Hubo varias ‘previas’ en el barrio y Esteban acudió a una de ellas con su hermano Bruno. A la salida se produjo una pelea entre mujeres que fue grabada en video y derivó en una gresca entre varones. Cuando varios chicos agredieron a Bruno Villegas, Esteban salió en su defensa. Ese incidente también quedó registrado en video. Se observa que recibe varios golpes, hasta que algunos menores realizan gestos de acuchillarlo y comienza a caer. Después siguen pegándole en el piso”.

 

Como la filmación carece de calidad suficiente para identificar a los protagonistas “fue enviada a La Plata, donde un equipo técnico intenta otorgarle mayor nitidez”. Además “hay numerosos testigos directos, menores que presenciaron el episodio y observaron la secuencia”. Por eso, la querella solicitó “nueve testimoniales de personas que no declararon ante la policía pero deberán hacerlo durante la investigación”. Varios “tendrán que declarar en Cámara Gesell, dispositivo destinado tanto a víctimas como testigos, menores de edad”.

 

Sin embargo, esos testimonios demorarán al menos dos meses. “Viene muy lenta la cuestión. Nos dieron turno para mayo porque hay una sola psicóloga forense en condiciones de tomar las declaraciones”. Esto es así porque Laura Cabot renunció en diciembre a su puesto en el Poder Judicial y aún no fue designado un reemplazo.

 

Niños con cuchillos.

 

“Estamos convencidos de que podremos identificar a los tres o cuatro chicos más comprometidos”, agregó Lobato. Mientras tanto, la querella aguarda con expectativa “el resultado de las pericias de ADN sobre un cuchillo hallado en la escena del crimen, que presumiblemente sería el arma homicida”. Ya se hizo una primera prueba “y luego de levantar nuevas muestras el laboratorio forense realizará otra pericia” a los cuchillos secuestrados en domicilios de menores señalados como portadores. “En esa pelea había varios menores con cuchillos, una escena común en diversos barrios de Santa Rosa y también en otras localidades, pero que consideramos muy preocupante”, dijo Lobato.

 

El abogado aclaró que, si bien existen numerosos testimonios, “es necesario construir certeza o probabilidad suficiente y garantizar una prueba concordante. No alcanza solo con el hallazgo de ADN en el arma homicida. Para construir culpabilidad debe existir un alto grado de certeza, para no afectar garantías constitucionales y porque el Ministerio Público Fiscal debe actuar con mucha responsabilidad”.

 

Mientras tanto, la presencia de los sospechosos en el barrio “entraña un riesgo cierto para las víctimas de este proceso”. Lobato advirtió que “las personas deben estar libres mientras dura la investigación penal, salvo que exista peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación”. En estos casos los jueces pueden dictar prisión preventiva, una figura que “no es aplicable a los menores”, a quienes les corresponde “un dispositivo especial de contención”.

 

Hace dos meses la familia Villegas presentó “un conjunto de circunstancias referidas algunos menores que no se comportan como corresponde y representan un peligro para su integridad y la de otros vecinos”. Si bien la jueza remitió esas actuaciones al juez de Familia, encargado de disponer sobre la libertad ambulatoria de menores implicados en procesos penales, desde Niñez y Adolescencia aún no habrían presentado los informes.

 

“Se constató que andan intimidando a los Villegas. Si efectivamente los informes técnicos resultaran negativos, el juez debería dictar alguna medida para que el proceso penal no revictimice a la familia y salvaguardar su seguridad personal”, concluyó.