Concejales de La Adela le piden a Moro que explique "por qué ocultó un juicio millonario"

Los concejales del bloque Frente Justicialista Pampeano de La Adela (FreJuPa), Erminda Birge y Carlos Pereyra, presentaron hoy un pedido de informes al Intendente Federico Moro para que "explique por qué ocultó al Concejo Deliberante la existencia de un juicio laboral millonario contra el municipio. El caso es de tal importancia que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia se constituirá personalmente en La Adela el próximo 12 de diciembre para llevar adelante audiencias testimoniales, un hecho sin precedentes en la historia institucional de la localidad", indicaron.

Y ampliaron: "El Concejo Deliberante, órgano de control y fiscalización por excelencia, se enteró de esta situación crítica por medios de comunicación y no por la vía institucional correspondiente, en clara violación al artículo 124 de la Constitución Provincial ya que están en juego fondos municipales que se encuentran sujetos "a la fiscalización y aprobación del Departamento Deliberativo".

EL CASO QUE LLEGA AL MÁXIMO TRIBUNAL

Sostuvieron que según consta en el expediente judicial 185.182, un trabajador que venía prestando servicios para el municipio vio cortada su relación de manera tajante, unilateral e inconsulta durante la gestión de Moro. Ante esta decisión del Intendente, el trabajador fue empujado a reclamar judicialmente que esa relación era de dependencia laboral y exige ahora su regularización junto con el pago de diferencias salariales, actualizaciones e intereses.

La demanda, agregaron, iniciada en septiembre de 2025, podría derivar en una condena millonaria que comprometa seriamente la capacidad operativa del municipio. Sin embargo, Moro nunca informó al Concejo sobre la existencia de este proceso judicial.

SIETE PREGUNTAS QUE DEBE RESPONDER EL INTENDENTE:

Los concejales enumeraron que el pedido de informes presentado por el bloque justicialista exige al Intendente que en un plazo perentorio de siete días hábiles responda sobre cuestiones centrales:
•    ¿Por qué cortó la relación con este trabajador sin evaluar los riesgos judiciales?
•    ¿Por qué no informó al Concejo sobre la demanda?
•    ¿Cuándo tomó conocimiento de la existencia del juicio?
•    ¿Qué evaluación de riesgos se realizó antes de tomar la decisión?
•    ¿Cuál es la estrategia de defensa del municipio y quién la lleva adelante?
•    ¿Cuánto podría costar la condena a los contribuyentes de La Adela?
•    ¿Cuántos casos similares existen actualmente que puedan terminar en nuevos juicios?
"Lo más grave es que el Concejo, que tiene el deber constitucional de fiscalizar la gestión del Ejecutivo, se enteró de esta situación por los medios y no por la vía institucional. Esto constituye una violación flagrante al deber de información del Intendente", señalaron los concejales del FreJuPa.

EMERGENCIA ADMINISTRATIVA SIN INFORMACIÓN REAL

El bloque justicialista también cuestionó que la actual gestión haya declarado la emergencia administrativa mediante ordenanza votada únicamente por el oficialismo, sin que el Concejo conociera situaciones de esta gravedad. "Si no fuera por los trascendidos o los medios de comunicación, el Concejo no se enteraría de los conflictos que enfrenta el municipio, los cuales son en gran medida producto del desmanejo y la falta de conocimiento del Intendente Moro sobre cómo gestionar y administrar el municipio", expresaron Birge y Pereyra.
Además del juicio laboral, la gestión de Moro ha enfrentado otros conflictos con empleados municipales, habitantes de La Adela, comerciantes, emprendedores privados e instituciones locales.

CONTROL INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA

El pedido de informes también solicita que en un plazo de 7 días el Intendente informe sobre esta situación en particular, y en un período de 15 días acerque la nómina completa de juicios y reclamos administrativos en trámite contra el municipio, la lista de trabajadores que prestan servicios sin relación de dependencia registrada, el monto total de contingencias judiciales y las previsiones presupuestarias para hacer frente a eventuales sentencias condenatorias.

"El pueblo de La Adela tiene derecho a saber cómo se administran sus recursos y qué pasivos ocultos enfrenta el municipio por decisiones de la actual gestión", sostuvieron los concejales justicialistas.

El bloque FreJuPa también decidió poner en conocimiento del Tribunal de Cuentas de la Provincia y de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas la presente situación, para que dichos organismos evalúen la existencia de irregularidades en la administración de fondos públicos municipales.

Finalmente, advirtieron que el incumplimiento injustificado del pedido de informes habilitará al Concejo Deliberante a adoptar las medidas institucionales que correspondan en defensa de las facultades de fiscalización y control que le asignan la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de Municipalidades.