Condena a docente: Educación aguarda por resolución de la FIA

El Ministerio de Educación no se pronunciará sobre la condena de una docente piquense, que fue sentenciada tras abordar el genocidio de Israel en Gaza en el aula. Desde la cartera aguardarán por la resolución del sumario administrativo que inició la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). 
Así lo confirmaron fuentes de Casa de Gobierno consultadas por LA ARENA. “Si bien se agotó la instancia judicial, no así el sumario administrativo. Hasta tanto la FIA no concluya el mismo y lo remita al Ministerio, ninguna autoridad podrá expedirse”, explicaron. 
Tal como informó este diario, el juez contravencional Maximiliano Boga Doyhenard dictó una cuestionada sentencia contra Ana Contreras, quien abordó en el aula el conflicto entre Israel y Palestina. La condenó por “maltrato psicológico” contra una alumna y dispuso el pago de una multa de casi un millón de pesos.
La causa se inició a partir de la denuncia policial que hicieron los padres de una adolescente, que junto a su familia vivió durante muchos años en Israel. La docente, en el marco de la materia Construcción de la Ciudadanía, habría realizado comentarios sobre el conflicto, que habrían sido entendidos por la fiscalía como un maltrato psicológico. El padre de la damnificada con anterioridad ya había tenido problemas con la institución y con la misma docente, en relación a un contenido de la ESI que le dieron a otra de sus hijas.

Cuestionamientos.

Tras la sentencia, hubo muestras de solidaridad con la docente y cuestionamientos a la intervención de la Justicia. “Fue una condena exagerada e injusta que genera temor", planteó en Radio Noticias el secretario general del Sitep, Cristian Rosso. 
A su vez, el gremialista aclaró que “el genocidio en Gaza no lo dijo una profesora, ni es algo que sostenemos los profesores, o los intelectuales, es algo que dijo la ONU: es un hecho que tuvo miles de víctimas en la Franja de Gaza”. A su vez, opinó que con esta condena hay un "avasallamiento y una persecución con estas ideas de adoctrinamiento que se ponen en estos espacios de poder vinculados con la derecha". 
Por su parte, desde Utelpa emitieron este viernes un comunicado donde expresaron “nuestra preocupación ante la intromisión del poder judicial en el ámbito educativo para evaluar conductas o actuaciones de las y los docentes, desconociendo el marco normativo que regula nuestra actividad profesional”.
En ese sentido, sostuvieron que “el Estatuto del Trabajador/a de la Educación (Ley 1124), la Ley Provincial de Educación (Ley 2511) y los organismos específicos dependientes del Ministerio de Educación, como el Tribunal de Disciplina, son los instrumentos destinados a garantizar la adecuada evaluación de posibles incumplimientos en el ámbito docente. Estas normativas y organismos, creados para fortalecer la educación pública y democrática, son los que deben regir cualquier análisis sobre el ejercicio de nuestra labor”.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la educación pública, la autonomía de las instituciones educativas y el respeto al rol docente en una escuela inclusiva y democrática, pilares fundamentales para construir una sociedad justa y equitativa”, concluyeron.