Criptogate: “Inconducente y poco serio”

El accionar del presidente Javier Milei sobre la promoción de la criptomoneda $Libra sigue en el ojo de la tormenta y el abogado constitucionalista pampeano, Andrés Gil Domínguez, explicó que el mandatario debe ser investigado por la Justicia penal y el Congreso de la Nación. Sostuvo que el pedido de juicio político “es prematuro”, pero que la intervención de la Oficina Anticorrupción “es poco seria”.

 

El letrado estuvo en el programa “TN de noche, especial domingo” conducido por Marcos Mercuriali para explicar el impacto de la polémica cripto en la política. En primer lugar, Gil Domínguez aclaró que “la conducta de Milei está probada, también que la ejerció, que lo hizo dentro de una cuenta de X con tilde gris que su amigo Elon Musk le da como reconocimiento a presidentes, gobiernos y determinadas entidades reconocidas”.

 

“Tuvo una conducta de inducción a comprar una criptomoneda vinculándolo al desarrollo económico de la Argentina. Desde ese punto de vista, no hay ninguna duda. Esta conducta da lugar a una investigación penal, dentro de la Justicia penal, especialmente por el delito de incompatibilidad de negocio con el de función pública”, sostuvo.

 

- ¿El no puede promocionar?

 

- No, el tipo penal indica que un funcionario público, en este caso un presidente, no puede promocionar para sí o para terceros un negocio… Una cosa es inaugurar una fábrica en el marco de una política pública previa de un país y otra es haber difundido e inducido a la compra de una criptomoneda en donde hasta publicó el mecanismo de compra. Son dos cosas totalmente distintas. Ello colisiona con la ley de ética pública que le impide a los funcionarios a realizar cualquier negocio por sí o por terceros.

 

¿Juicio político?

 

El abogado manifestó que el accionar “merecería una investigación por parte del Congreso. Lo de la Oficina Anticorrupción me parece totalmente inconducente, es poco serio porque una de las primeras medidas que realizó Milei cuando comenzó la gestión fue cambiar un decreto de Alberto Fernández que le había dado total autonomía a la oficina y ni siquiera respondía frente al presidente”.

 

“Lo que hizo Milei fue bajarla de rango y ponerla en la órbita del Ministerio de Justicia y dependiendo del presidente”, cuestionó y lamentó que la Oficina “nunca funcionó porque tiene que ser un órgano descentralizado. La oficina se desnaturalizó porque principalmente tenía que hacer un trabajo administrativo, de control previo, de declaraciones juradas, marcar incompatibilidades, no investigar delitos, ser querellante”.

 

“Esos son los dos caminos: una investigación penal que va a existir y una investigación por parte de una Comisión en el Congreso que debe existir”, desarrolló. Gil Domínguez afirmó que “es prematuro un juicio político porque se debe utilizar en situaciones extremas y no le hace bien al sistema democrático. No creo que estén dadas las condiciones ni el número para un juicio político”.

 

Por lo pronto, “la Justicia analizará si la conducta de Milei fue una conducta dolosa que se adecúa a un tipo penal que es el de incompatibilidad de la función pública”.

 

- ¿La Justicia puede investigar un presidente en funciones?

 

- Sí, claro.

 

- Y si lo hace y prueba el delito, ¿qué consecuencia política tiene?

 

- En el caso de que haya una sentencia que deba ser ejecutada, mientras esté en ejercicio el presidente no lo puede hacer hasta tanto sea destituido por juicio político.

 

- ¿Por qué el kirchnerismo quiere iniciar el juicio político si la Justicia no comenzó a investigar?

 

- Porque hay otra causa, que es el de mal desempeño. Para iniciar el juicio político son tres causales: cometer un delito en ejercicio del cargo, cometer un delito fuera del ejercicio del cargo y mal desempeño, donde juega lo político, como hizo el PRO contra Alberto Fernández por la fiesta de Olivos durante la pandemia. El juicio político tiene una formalidad y se necesitan los números para destituir.