Cruzan a opositores que piden lo que su partida niega

Un legislador provincial y una intendenta del PRO retiran mensualmente medicación gratuita para un familiar, paciente de Salud Mental. Sin embargo, cuestionan al gobierno provincial y defienden las políticas nacionales de desmantelamiento y destrucción.

El curioso caso de un paciente vinculado a un diputado provincial y la intendenta de General San Martín desnuda la contradicción de dirigentes políticos que apoyan y respaldan políticas nacionales de vaciamiento y destrucción, mientras en su provincia exigen medicamentos gratuitos para sus familiares, reclaman sistemas que garanticen derechos y piden la renuncia de funcionarios.

“Evidentemente, hay una doble mirada. Mientras exigen a la provincia soluciones que la Casa Rosada no ofrece, avalan y apoyan a viva voz las políticas nacionales que debilitan la salud pública pampeana”, respondió Norberto Rovera. El reconocido médico piquense y actual director del hospital de General San Martín, fue consultado ayer por LA ARENA y reconoció que el matrimonio conformado por el diputado Lucas Lazaric y la intendenta Jésica Sibert “solicitan y retiran todos los meses la medicación para un familiar proveniente de otra provincia, que se atiende en nuestro sistema público de salud”.

“La ley prioriza a pampeanas y pampeanos. Cumplir con los tiempos de residencia certificados dentro de los límites provinciales es un requisito que garantiza esa prioridad. Mientras no se acredite la residencia legal en los plazos establecidos, la persona no debería reclamar la medicación en la provincia”, añadió el profesional.

Doble vara.

Según pudo confirmar LA ARENA, un familiar de Sibert y Lazaric, proveniente de otra provincia y paciente de Salud Mental, comenzó a tratarse en el sistema de salud pampeano hace un año. “Hizo el cambio de domicilio, por lo cual es residente pampeano”, aclaró Rovera y confirmó que “lo atendemos en el hospital cuando resulta necesario y ellos (la familia) retiran todos los meses la medicación sin cargo”.

El caso cobra relevancia porque ese mismo diputado, Lucas Lazaric, defiende con firmeza las políticas nacionales que desarticularon áreas esenciales como Salud Mental. “Creo que reflejan claramente un discurso discrecional, una doble vara: apoyan políticas nacionales para desmantelar el sistema de salud, pero cuando necesitan ayuda para un familiar o alguna persona cercana se acuerdan de que existe un Estado provincial”.

Piden renuncia.

Hace algunos días, cuatro diputadas provinciales, escandalizadas por la muerte de una mujer, paciente de Salud Mental, solicitaron la renuncia del subsecretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Malgá. El caso, actualmente bajo investigación judicial, “es un episodio grave que expone fallas estructurales que el gobierno provincial no ha logrado resolver” advirtieron Gisela Cuadrado (UCR), Sandra Fonseca (Comunidad Organizada) y Noelia Viara y Celeste Rivas (PRO-MID).

Viara y Rivas son compañeras de bloque con Lazaric. Según la denuncia formulada en la Legislatura “el Estado provincial tiene la obligación indelegable de garantizar un sistema de salud mental que funcione, prevenga, acompañe y proteja”. Una consigna diametralmente opuesta a la que defienden en el plano nacional, y que refleja una paradoja tan curiosa como ilustrativa: piden la destitución de funcionarios provinciales, cuestionan las políticas locales, pero respaldan medidas nacionales que afectan directamente al sistema de salud.