Dos años en suspenso para una ex empleada municipal

(General Pico) - La jueza de control de General Pico, Jimena Cardoso, condenó a dos años de prisión en suspenso a una ex empleada municipal que usufructuó las tarjetas sociales que debía repartir a sus beneficiarios.

 

La magistrada penó a Vanina Verónica Quiroga (44), a dos años de prisión en suspenso por el delito de fraude contra la administración pública. Además, la impuso una inhabilitación especial perpetua para el desempeño de cualquier empleo o cargo en la administración pública provincial y de cualquier municipalidad de La Pampa. También le impuso reglas de conducta por el plazo de dos años, como la de fijar domicilio y no modificarlo sin dar previamente aviso al juez de ejecución penal y someterse al contralor de la unidad de abordaje, orientación y supervisión de personas en conflicto con la ley penal.

 

La causa se inició hace tres años a partir de una denuncia que realizó Daniela Cabrino, quien en aquel momento era la secretaria de Desarrollo Social del municipio piquense. La jueza dictó sentencia en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, convenido por los fiscales Armando Agüero y Matías Juan, por la imputada y su defensora particular Alejandra Rodríguez Vargas.

 

La mujer fue acusada del cargo de fraude contra la administración pública por no entregar las tarjetas sociales asignadas a beneficiarios específicos y utilizarlas en su propio beneficio. Las evidencias presentadas, que incluyen actas de denuncia, informes del Ministerio de Desarrollo Social y movimientos transaccionales, sustentan la acusación del Ministerio Público Fiscal.

 

Fraude.

 

Al momento de la denuncia, Quiroga se desempeñaba como empleada del municipio local. en el acuerdo quedó acreditado que recibió las tarjetas sociales destinadas a tres personas y en vez de entregarlas a sus beneficiarios, los usó en comercios del medio para usufructo personal.

 

El informe del Ministerio de Desarrollo Social confirma que las tarjetas debían ser entregadas a los beneficiarios, quienes debían firmar un recibo al momento de la entrega. La fiscalía detalló cómo Quiroga utilizó las tarjetas sociales para su beneficio personal, especificando las fechas y montos de las transacciones realizadas con cada tarjeta, así como el perjuicio económico total ocasionado al Estado provincial.

 

"Se destaca que Quiroga no solo incumplió su deber como empleada pública al no entregar las tarjetas, sino que también las utilizó como si fuera cada uno de los beneficiarios legítimos, lo cual demuestra una voluntad deliberada de engañar a la administración pública y aprovecharse del sistema destinado a ayudar a quienes realmente lo necesitan", indicó la jueza en el fallo.