Un policía hizo trabajar a presos como mozos en su casamiento

Un caso insólito se está juzgando esta semana en el Centro Judicial santarroseño. Este miércoles comenzaron las audiencias contra un policía provincial que, cuando estaba a cargo de la subcomisaría de Lonquimay, hizo trabajar de mozos en la fiesta de su casamiento a seis hombres que estabas presos. El hecho ocurrió el 31 de mayo del año pasado, en un salón de fiestas que queda a la vuelta del destacamento policial.

El policía es el oficial inspector Cristian Martín Galván y está acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público. El hecho ocurrió el 31 de mayo del año pasado, cuando se hizo la fiesta de casamiento y seis detenidos realizaron distintas tareas de limpieza e incluso sirvieron la comida a las personas invitadas, según confirmaron fuentes judiciales a este diario.

“El debate se inició este miércoles, estuvieron todos los testigos que ofreció la Fiscalía, que son policías. Este jueves, también como testigos de la Fiscalía, declararon los detenidos que estaban ahí, algunos de ellos son los que fueron al salón. Y este viernes termina el debate con unos testigos que ofreció la defensa, que son familiares del funcionario policial. Luego se darán los alegatos de clausura”, explicaron fuentes del Ministerio Público Fiscal. El juez de la causa es Andrés Anibal Olié y el fiscal que llevó adelante la investigación es Guillermo Alberto Sancho. Actúan como abogados privados Marcos Bertolotti Fiore y Alberto Emanuel Morales.

Sumario.

Si bien no pudieron confirmar en qué situación se encuentra Galván dentro de la fuerza, señalaron que además del juicio penal se le inició un sumario administrativo en la FIA. “La situación en que está el policía, realmente no la sé, la cuestión de si está en pasivo o algo, eso es una cuestión puramente administrativa. Lo que sí sé es que existe abierto un sumario en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Y en este caso se juzga la parte penal”, aclararon desde el MPF.

Finalmente indicaron que “lo que se le está imputando es el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esto tiene una pena de entre un mes y dos años de prisión y el doble de tiempo de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos”, explicaron.