Dura crítica de Arquitectos a la nueva moratoria

El Colegio de Arquitectos de La Pampa manifestó su malestar con la decisión del intendente Luciano di Nápoli de impulsar una nueva moratoria que ofrece un amplio perdón a infractores del Código de Construcción, entre otras faltas. El texto al que accedió este diario fue realizado por la entidad a pedido del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical, quienes tienen el proyecto bajo análisis y están requiriendo información para fijar postura.

 

Los radicales Diego Camargo, Luján Mazzucco y Romina Paci fueron quienes, el 30 de octubre del corriente, lanzaron la consulta a los arquitectos respecto del proyecto de ordenanza para poner en vigencia un Régimen Especial y Alternativo de Regularización de Deuda en el ámbito de la ciudad de Santa Rosa.

 

El tema se trató en comisión con la participación de funcionarios del Ejecutivo local que argumentaron a favor del nuevo régimen especial. Luego de escucharlos, los concejales del oficialismo sacaron un dictamen de mayoría proponiendo la aprobación de la moratoria, mientras que la oposición decidió fijar postura en el recinto en la sesión de este jueves.

 

Injusticia.

 

“Tras un análisis del texto remitido, manifestamos nuestra profunda preocupación y contundente rechazo a los artículos del proyecto que buscan regularizar infracciones a la normativa de construcción vigente”, sostuvieron desde el Colegio. “Si bien entendemos el complejo contexto económico y la necesidad del municipio de optimizar su recaudación, creemos que la solución no puede ser, bajo ningún concepto, la convalidación de la ilegalidad y la regularización de ‘hechos consumados’ que violan la planificación urbana”, añadieron.

 

La objeción de los profesionales apunta, por un lado, a que el proyecto propone eximir total o parcialmente las multas a infractores de los Códigos de Edificación y/o Urbano Ambiental, con escalas que benefician con el 100% de quita a construcciones de hasta 100 metros cuadrados. “Esto genera una injusticia flagrante y un perjuicio directo para los ciudadanos que cumplen. Se castiga al vecino que obró correctamente, que respetó los procedimientos, que invirtió tiempo y recursos en presentar la documentación en regla y que contrató a profesionales matriculados para ello”, argumentaron.

 

En cuanto a la práctica profesional, sostuvieron que se fomenta la idea de que la clandestinidad es más rentable que la legalidad. Se promueve la construcción sin permiso, especulando con una futura moratoria que ‘perdone’ la infracción. Además, recordaron que las multas por infracciones al código de construcción no son caprichosas, sino la consecuencia de haber construido sin los controles técnicos y de seguridad que garantizan la habitabilidad y la integridad estructural.

 

Ilegalidad.

 

Otro aspecto que objetaron -y consideran el punto más grave del proyecto- es que se pretende otorgar al Ejecutivo municipal la facultad de “aceptar construcciones antirreglamentarias terminadas... al sólo efecto de regularizar el Catastro Municipal”. “Es un allanamiento liso y llanamente a la ilegalidad. Este artículo, en la práctica, deja sin sentido y vacía de contenido la totalidad del Código de Edificación y del Código Urbano Ambiental”, alertaron.

 

“Los Códigos no son un mero trámite administrativo ni un obstáculo recaudatorio. Son la herramienta fundamental del Estado municipal para ordenar el crecimiento de la ciudad, garantizar la convivencia, la seguridad pública, la salubridad y la calidad de vida de todos los habitantes. Si la propia Municipalidad se faculta a sí misma para aceptar lo ‘antirreglamentario’, ¿qué sentido tiene la existencia de los códigos? ¿Qué autoridad le queda al municipio para exigir su cumplimiento en el futuro?”, se preguntaron.

 

Rechazo.

 

Como conclusión, el Colegio de Arquitecto sostuvo que este tipo de moratorias, lejos de ser ‘paliativas’, generan un incentivo perverso que erosiona la autoridad de la norma y el valor de la planificación urbana. “Se subordina el ordenamiento territorial y la seguridad colectiva a un mero afán recaudatorio de corto plazo”, sostuvieron.

 

Con esos argumentos, el Colegio de Arquitectos de La Pampa le manifestó a los ediles radicales que “rechaza categóricamente la inclusión de los Artículos 6, 7, 9 y 10 en el proyecto de Ordenanza, por considerarlos un grave retroceso para la institucionalidad y el desarrollo urbano de Santa Rosa”.

 

Multas, en cuotas y sin interés

 

La moratoria que ayer obtuvo dictamen de mayoría favorable en el Concejo Deliberante trae otra novedad: la posibilidad de los infractores de tránsito de pagar las multas en cuotas sin interés. Fuentes del CD local informaron a este diario que la incorporación de este artículo específico en el proyecto de ordenanza surgió de un pedido expreso del Juzgado de Faltas y la Dirección de Tránsito de la ciudad.

 

“Lo pidieron porque sino no podían hacer los libre deudas para continuar con los trámites de la gente. Hasta ahora, la única opción que había de pago en cuotas era financiarlas con tarjeta de crédito pero en ese caso se cobra interés. Con este cambio que se introduce, si adherís al plan de pago en cuotas de la moratoria, tenés quita de intereses”, explicaron.

 

El beneficio incluye a las multas por retención de vehículo, fotomultas e infracciones al sistema de estacionamiento medido, que desde el lunes amplió considerablemente su zona de cobertura.

 

Tratan proyectos del Grupo Clarín.

 

El Concejo Deliberante tendrá actividad hoy por la mañana y avanzará un otros proyectos de gran relevancia. Según pudo saber este diario, desde las 10 se reunirá la Comisión de Obras Públicas y en ese marco las y los ediles tratarán los proyectos de ordenanza a través de los cuales se autoriza al Grupo Clarín a ampliar su tendido de red de fibra óptica, una iniciativa resistida por la CPE, parte del arco político local y hasta la Facultad de Ciencias Humanas, que sacó una declaración de apoyo a la entidad.