El funcionamiento del federalismo en juego

El senador pampeano, Daniel Bensusán, escribió una columna en el sitio LPO, sobre la caída en la coparticipación a nivel nacional, y cómo esta situación pone en jaque al federalismo. “En la Argentina de hoy, el debate sobre la coparticipación federal no puede reducirse a una discusión técnica entre porcentajes o transferencias. Lo que está en juego es mucho más profundo: es el funcionamiento mismo del federalismo en un contexto de enfriamiento económico, caída del consumo y deterioro social”, señaló.

Y añadió que “el sistema vigente -sostenido sobre la Ley 23.548- arrastra una anomalía estructural desde hace décadas: es un régimen transitorio que nunca fue reemplazado por la ley-convenio que ordenó la reforma constitucional de 1994. La Argentina distribuye sus recursos fiscales con reglas desactualizadas frente a la realidad económica y social actual”.
En esa línea, Bensusán aseguró que “la recaudación cae porque la economía se contrae”, y amplió que “la caída de la coparticipación no es un fenómeno aislado. Es la consecuencia directa de un proceso más amplio: la pérdida de dinamismo de la economía real”.

IVA y Ganancias.
Asimismo, el senador señaló que los dos pilares de la masa coparticipable que son el IVA y el Impuestos a las Ganancias, “dependen directamente del nivel de actividad. El primero está atado al consumo; el segundo, a la rentabilidad empresaria y al empleo formal. Cuando el consumo se retrae, el IVA cae. Cuando la actividad se desacelera, también lo hacen las utilidades y los ingresos gravados”.
“El ajuste fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei, combinado con la contracción del gasto público, la pérdida del poder adquisitivo y el debilitamiento del crédito, impactó de lleno en el mercado interno. El resultado es visible: menor circulación económica y una recaudación que pierde capacidad en términos reales”, acotó.

Efecto dominó
Asimismo, subrayó que en un país federal como Argentina, “este proceso tiene consecuencias inmediatas. La caída de ingresos nacionales reduce la masa coparticipable, lo que se traduce en menores recursos para las provincias. Frente a ese escenario, muchas jurisdicciones ajustan su gasto o buscan financiamiento para sostener su funcionamiento. Pero ese movimiento no se agota en lo fiscal sino que repercute sobre la economía local”.
“La retracción de la obra pública, la contención del gasto o las dificultades para sostener niveles salariales impactan sobre el empleo, el consumo y la actividad productiva. A partir de allí, el ciclo se retroalimenta: menos actividad implica menos recaudación, y el deterioro vuelve a empezar”, detalló.
“La caída de ingresos nacionales reduce la masa coparticipable, lo que se traduce en menores recursos para las provincias. Frente a ese escenario, muchas jurisdicciones ajustan su gasto o buscan financiamiento para sostener su funcionamiento. Se configura así un circuito regresivo que traslada tensiones macroeconómicas al territorio y debilita las capacidades provinciales para sostener el desarrollo”, añadió.
“Para ser más claro, las provincias sufrieron en 2024 una caída fuerte de recursos automáticos; en 2025 hubo alivio parcial, pero sin volver al nivel de 2023; y en el primer trimestre de 2026 la coparticipación volvió a caer en términos reales”, resaltó el senador.

El caso de La Pampa.
En este contexto, el legislador resaltó lo que sucede en nuestra provincia, “es necesario observar las diferencias entre jurisdicciones”, dijo, y subrayó que “La Pampa presenta hoy un esquema de administración ordenada, con equilibrio en sus cuentas y cero nivel de endeudamiento. Esa solidez le ha permitido sostener su funcionamiento sin recurrir a adelantos de coparticipación, evitando así endeudamientos”.
“Sin embargo, en el caso de nuestra provincia, la situación es al revés. Es el Estado nacional quien debe a La Pampa un monto superior a los $400.000 millones en diferentes conceptos, lo que nos permitiría contar con mayor alivio fiscal y al mismo tiempo generar mayor crecimiento para nuestra provincia. Poner en valor este desempeño no implica desconocer las dificultades del resto, sino destacar que existen modelos de administración que preservan autonomía aun en contextos adversos”, aseguró.

Adelantos con interés.
A su vez, cuestionó la decisión de otorgar adelantos de coparticipación a algunas provincias, con devolución e intereses, que si bien se encuentra prevista en la normativa vigente, “desde el punto de vista técnico, puede entenderse como un instrumento de orden financiero”, dijo.
“Sin embargo, su utilización en el contexto actual revela un dato estructural: varias jurisdicciones deben anticipar ingresos futuros para cubrir necesidades corrientes. Se trata, en definitiva, de financiamiento sobre recursos que forman parte de su propia coparticipación”, explicó.

Y amplió que “cuando estos mecanismos se aplican de manera selectiva y bajo condiciones financieras, se abre un debate sobre la equidad en la relación fiscal. El acceso a liquidez deja de ser automático y pasa a depender de decisiones del nivel central, lo que introduce un componente de discrecionalidad en un sistema que debería ser previsible”.
“¿Hasta qué punto estos mecanismos condicionan el accionar de los legisladores nacionales de esas provincias, cuando el acceso a recursos queda sujeto a decisiones del Gobierno Nacional y a compromisos de devolución con interés?”, cuestionó.

Federalismo en tensión.
Finalmente, señaló que el régimen de coparticipación argentino “muestra limitaciones evidentes para responder a contextos de contracción económica. La caída de la coparticipación es la expresión de un entramado económico que pierde impulso y de un esquema institucional que no logra equilibrar sus efectos”.
“Si no se reconstruye el circuito productivo -consumo, inversión, empleo- la recaudación seguirá deteriorándose, y con ella la capacidad de las provincias para sostener sus funciones. El desafío no es únicamente fiscal, sino más bien estructural y esencialmente, político”, cuestionó.