En Río Negro hablan de unificación

Horas atrás, la delegación de ATE en Río Negro, a través de sus redes sociales, lanzó un “alerta por el levantamiento inminente de controles de Senasa". El gremio asegura que "la decisión del Gobierno pondría en peligro el estatus fitosanitario de la Patagonia y exportaciones de frutas por millones de dólares a los mercados más importantes del mundo".

 

La seccional rionegrina afirmó que “el gobierno nacional decidió levantar las barreras de control fitosanitario de Senasa a la altura de La Adela y 25 de Mayo (La Pampa) y la ruta 3 kilómetro 714 en Cerri, Bahía Blanca (Buenos Aires) para unificarlas con las zoosanitarias que se encuentran al sur en Río Colorado y Catriel (Río Negro).

 

Los trabajadores de ATE se declararon en alerta: la modificación –que ya se hizo operativa- libera la zona “a la proliferación de la mosca de los frutos poniendo en riesgo el estatus sanitario de la región”.

 

“La decisión de las autoridades de Senasa, presionadas por el Gobierno, no tiene ningún aval normativo. Esto podría también poner en riesgo la condición de zona libre de la mosca de los frutos a la Patagonia, que le permite exportar frutas a los mercados más importantes del mundo a cambio de una auditoría permanente de China, Estados Unidos, Unión Europea, Japón y Brasil”, dijo Walter Wertmuller, delegado de ATE en Senasa.

 

“El Estado se aleja de la recomendación de los organismos internacionales y las propias normativas de Senasa. Ni siquiera lo consulta con los productores patagónicos”, agregó Wertmuller.

 

"Desde ATE no vamos a dejar que destruyan el prestigio de Senasa y más de 20 años de trabajo acumulado, para rifar el organismo al control privado bajo la falacia de que el Estado es ineficiente", adelantó el sindicalista.

 

Chacras “en riesgo”.

 

Wertmuller explicó que “los controles fitosanitarios tienen una sistema de tramperas alrededor que evitan el desarrollo de plagas. Su levantamiento y unificación con barreras zoosanitarias implicará poner en riesgo el cordón de chacras al sur de la provincia de Buenos Aires y La Pampa”.

 

Finalmente consideró que la medida “es producto de la motosierra” del Gobierno Nacional. “Sus medidas obligaron a las autoridades de Senasa a buscar una alternativa para optimizar recursos que, sin embargo, afectan directamente la sanidad alimentaria con posibles efectos devastadores en la producción frutícola de la región. Los gobiernos de la Patagonia tampoco hicieron frente al escenario con un esquema de financiación propio”, concluyó Wertmuller.