Escuelas y conectividad: Milei hace negocio con Elon Musk mientras La Pampa siempre tuvo conexión

La decisión del Gobierno nacional de avanzar con Starlink para llevar conectividad a 6.000 escuelas rurales de todo el país abrió una discusión sobre el papel del Estado en el desarrollo de infraestructura digital. En La Pampa, el debate tiene un antecedente concreto: cuando Nación interrumpió en 2024 el financiamiento de la conectividad escolar, dejó a 3.170 escuelas del país sin internet y la Provincia debió asumir con recursos propios la continuidad del servicio.

El recorte nacional implicó el cese de los planes administrados a través de la empresa estatal ARSAT y la suspensión de los fondos destinados a infraestructura digital educativa que eran transferidos a las provincias. 

La medida dejó a las jurisdicciones frente a la necesidad de resolver por sus propios medios la continuidad de un servicio que ya se había convertido en indispensable para el funcionamiento de las escuelas.

En La Pampa, la respuesta estuvo a cargo de Empatel Sapem. Desde la empresa provincial, explicaron que fueron aproximadamente 250 las instituciones educativas alcanzadas por la decisión nacional. La Provincia articuló con cooperativas, empresas locales y otros prestadores para sostener las conexiones. El resultado fue que, pese al retiro del financiamiento nacional, no hubo un solo día sin acceso a internet en las escuelas.

La diferencia tampoco es menor desde el punto de vista económico. El costo promedio que asumió la Provincia para garantizar la conectividad de esas instituciones ronda los 40 dólares por establecimiento, de acuerdo con Empatel. La empresa estatal pampeana sostiene además que ese monto todavía puede reducirse mediante una mayor optimización del esquema.

Contraste de cifras.

La cifra contrasta con el costo que aparece asociado al nuevo esquema nacional con Starlink. El Gobierno de Javier Milei pretende utilizar la red satelital de la compañía de Elon Musk para conectar 6.000 escuelas rurales y, una vez concluido el período inicial de dos años contemplado en el acuerdo, serán las provincias y municipios adherentes quienes deberán afrontar el costo del servicio.

Según la información difundida en torno al convenio, ese valor se ubicaría en torno a los 166 dólares mensuales por establecimiento, una cifra que multiplica por más de cuatro el promedio que actualmente afronta La Pampa para mantener conectadas a sus escuelas.

La experiencia pampeana muestra, además, que la respuesta frente a la falta de conectividad no necesariamente tiene que estar concentrada en una única tecnología. Empatel diseñó un esquema en el que participaron cooperativas y empresas locales, aprovechando las alternativas disponibles en cada territorio. La tecnología satelital quedó reservada para aquellos casos en los que las condiciones geográficas hacían difícil o directamente inviable recurrir a otras opciones.

En determinadas escuelas rurales, la Provincia recurrió puntualmente a antenas Starlink. Pero la utilización de esta tecnología fue excepcional y no constituyó la base de la estrategia provincial.

La diferencia es significativa: mientras el Gobierno nacional plantea un programa de alcance masivo basado en un único proveedor privado, La Pampa resolvió la emergencia generada por el retiro de los fondos nacionales mediante una combinación de infraestructura, prestadores locales y distintas tecnologías.

En distritos como Córdoba, Chubut y Salta se recurrió a contrataciones de antenas Starlink, a través de revendedores. Si bien no trascendieron cifras oficiales sobre esos contratos, desde el sector comercial se estima que una antena destinada al segmento público-corporativo —con características diferentes al servicio residencial— tiene un costo aproximado de 100 dólares.

El costo de retirarse.

El debate que abrió el acuerdo con Starlink excede, entonces, las ventajas o desventajas técnicas de la red de satélites de órbita baja. El punto central pasa por cómo el Estado decide garantizar la conectividad en lugares donde el mercado, por sí solo, no siempre encuentra incentivos para invertir.

La decisión nacional de discontinuar el financiamiento trasladó esa responsabilidad a las provincias. La Pampa optó por hacerse cargo y construir una respuesta propia a través de Empatel, sin que el cambio de esquema provocara cortes en las escuelas.

Y lo hizo con una característica que hoy adquiere particular relevancia en la discusión nacional: el costo promedio de la solución pampeana ronda los 40 dólares por institución, mientras el esquema que Nación proyecta para Starlink alcanza los 166 dólares.

Diferencia de costo.

No se trata de discutir si Starlink puede ser útil. De hecho, en La Pampa se recurrió a sus antenas en aquellos establecimientos rurales donde era la alternativa más conveniente. La discusión pasa por otra parte: si la tecnología satelital debe ser la solución general o una herramienta complementaria dentro de una política pública de conectividad.

La experiencia de estos dos últimos años ofrece una respuesta pampeana. Frente al retiro del financiamiento nacional, Empatel no reemplazó automáticamente una prestación estatal por un proveedor privado, sino que articuló con cooperativas y empresas locales y utilizó distintas tecnologías según las necesidades de cada escuela. El dato más significativo, quizás, sea el menos visible: las aproximadamente 250 instituciones alcanzadas por el recorte nacional no dejaron de tener internet ni un solo día.

Mientras Nación vuelve a discutir cómo conectar las escuelas rurales y compromete recursos públicos para hacerlo a través de Starlink, La Pampa ya atravesó esa discusión. Lo hizo con infraestructura propia, prestadores locales y una inversión provincial que, según Empatel, tiene un costo promedio muy inferior al que se proyecta para el nuevo esquema nacional.

En tiempos de ajuste y retracción de las políticas nacionales de infraestructura, la experiencia pampeana vuelve a poner sobre la mesa una discusión que va más allá de la conectividad: quién garantiza los servicios estratégicos, con qué infraestructura y, sobre todo, cuánto le cuesta al Estado hacerlo.