Financiamiento Universitario: “Es el fallo que la Corte tenía que dictar”, afirmó Marull

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la cautelar que obliga al gobierno de Javier Milei a cumplir con dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. Esa orden alcanzó a los artículos 5 y 6, referidos a la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, y a la recomposición de todos los programas de los estudiantes. “Es el fallo que la Corte tenía que dictar”, afirmó el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Francisco Marull.

En diálogo con LA ARENA, el abogado explicó que la Corte rechazó el recurso extraordinario que Nación había solicitado contra la medida cautelar, donde el juez de primera instancia obligó al Gobierno a aplicar los dos artículos de la ley. “Está bien el fallo de la Corte porque las medidas cautelares no son sentencias definitivas. De esta manera, se ponen las cosas en su lugar”, sostuvo el rector.

Salarios.

Hace unas semanas, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y algunas organizaciones gremiales docentes y no docentes acordaron una recomposición salarial del 24,33 %, pero el porcentaje no era suficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido. Es por ello que los gremios no abandonaron la lucha.

Marull señaló que dicha actualización salarial “permitió una mejora que se reflejará en el salario que se cobrará en los próximos días, pero no implicaba una resignación a los reclamos vinculados a la Ley de Financiamiento”. Ahora, el Gobierno “tendrá que convocar a paritarias para avanzar en la actualización que está considerada en la ley”, explicó el rector.

Lo que está claro es que Nación “tiene que cumplir sí o sí”. Lo mismo sucederá con la actualización de las becas estudiantiles. “En el acuerdo anterior se había acordado el aumento de las becas Manuel Belgrano, pero no se mencionaban las Progresar. Ahora el Gobierno va a tener que avanzar en eso”, desarrolló.

Delito penal.

El rector de la UNLPam recalcó que la ley votada en el Congreso “está vigente”. Por lo tanto, la Justicia tendrá que resolver el amparo colectivo que presentó el CIN junto con las medidas cautelares. “En el mismo se pide la inconstitucionalidad del decreto que dispuso la no aplicación de la ley. El sistema universitario, especialmente los rectores que suscribieron al amparo, no resignaron la aplicación total de la ley”, dijo.

El abogado explicó que, con respecto a la cautelar, “el Gobierno no tiene otras instancias judiciales para reclamar porque no puede elevar el pedido al sistema interamericano. Solo queda aplicar la medida cautelar porque si los funcionarios no lo hacen podrían cometer el delito penal de ‘incumplimiento de los deberes de funcionario público’”.