Fiscal pide la absolución de David Bravo

En el marco de los alegatos de la causa contra el ex intendente de 25 de Mayo David Bravo por "abuso de autoridad y violación de las obligaciones de funcionarios públicos, en concurso ideal con peculado", el fiscal Alejandro Mendiara ayer pidió la absolución. La misma solicitud fue planteada por el abogado Hernán Danzi. Por su parte, el abogado querellante Guillermo Galcerán, solicitó 2 años y 6 meses de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para cargos públicos.

El primero en alegar fue Mendiara, representante del Ministerio Público Fiscal (MPF). El funcionario judicial criticó duramente la sustanciación de la causa que inició el entonces fiscal de 25 de Mayo, Alejandro Maso Mendiburu. "Tengo grandes diferencias de criterio con la acusación que heredé", se quejó.

El fiscal entendió que la norma que autorizó el convenio fue el Concejo Deliberante, y que considera una incongruencia que los fiscales oportunamente estuvieron de acuerdo con el sobreseimiento de los cinco concejales que la aprobaron, pero insistieron con el proceso a Bravo, que solamente lo ejecutó.

"Yo no voy a mantener esta acusación -de los fiscales anteriores-, porque es poco criteriosa. Además no pueden acreditar el dolo. Acá se cae de maduro que el MPF lo presume, y no lo comparto", agregó.

"En cuanto al peculado, el convenio lo autorizó el Concejo y Bravo lo ejecutó, hay documental de los pagos y la obra está terminada. Sí estoy de acuerdo con lo señalado por la perito, la contadora Ana María Kin, quien dijo que -en la ejecución- no se respetaron las normas de la Ley 3 del Administración Provincial y las de Obras Públicas, pero eso no forma parte de la acusación. Por eso no voy a sostenerla y solicito la absolución", sentenció.

La querella.

A su turno, el letrado querellante tuvo una visión distinta a la del MPF. Para Galcerán, Bravo tuvo incidencia directa en "idear las ordenanzas y en instar a los concejales a "salir sí o sí, como dijeron los -testigos- ex concejales (Roberto) Molina y (José) Pineda, lo que demuestra el dolo".

"También firmó un convenio con la Coospu (cooperativa de 25 de Mayo) autorizando que esta entidad contratara a empresas privadas eludiendo las leyes provinciales -de Administración Pública y Obras Públicas- y el debido control. Todos temas que Bravo no podía desconocer por ser abogado y llevar dos períodos como intendente", argumentó.

"Está claro que se trató de un operativo de sustracción de fondos, y en eso hay otra prueba que es que la empresa que la Coospu contrató, la inscribió la señora Shae, que no vino a declarar. Ella, que era parapsicóloga, de un momento a otro formó una empresa constructora sin capacidad económica y antecedentes", acusó el querellante.

Finalmente, el querellante lanzó su petición de pena. "Sin apartarme de la mínima penal, teniendo en cuenta que Bravo es abogado y tenía experiencia como intendente, el volumen económico, que instó dos veces a los ediles a aprobar las ordenanzas, solicito la pena de dos años y seis meses de cumplimiento condicional e inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos".

Persecución política.

El defensor de Bravo, Hernán Danzi, puso énfasis en considerar esta causa "una persecución política. (Ricardo) Poyo y los concejales se abusaron del MPF para conseguir su fin".

El letrado, lo primero que hizo fue atacar la posición el querellante. "El doctor Galcerán se notificó de la causa en 2016 y no participó más, me sorprende su presencia. Y esto lo inhabilita a presentar una acusación autónoma de la del fiscal", interpuso.

Además defendió las acciones de Bravo. "Con especulaciones quiere inculcarle a Bravo el dolo. Es obvio que él hablaba con el viceintendente y los concejales de su sector político. Pero no hay ninguna prueba que permita inferirlo", sostuvo.

"Lo cierto es que se hizo la obra, más barata, y beneficiaba a 200 familias. Es la única vez que un intendente es llevado a juicio por hacer obras para la gente. Por eso pido la absolución de mi defendido, y si correspondiera por el beneficio de la duda", concluyó Danzi.

La jornada cerró con el mensaje de Bravo. "Esto es obra de alguien que me odia y es un denunciador serial: Ricardo Poyo. Pero acá quedó demostrado que el Concejo actuó como corresponde y fueron sobreseídos, y yo también, por eso no entiendo por qué estoy acá", se quejó.

"Esta gestión, de Abeldaño y Poyo debe 24 balances al Concejo Deliberante que integro. Y no salí a hacer denuncias porque yo nunca voy a judicializar la política", cerró Bravo.

Inmediatamente después, el presidente del Tribunal, Daniel Sáenz Zamora, y que además integran Alejandra Ongaro y Raúl Miguez Martin, informó a las partes que la sentencia que dicte el cuerpo será leída en una audiencia que desarrollará el lunes 9 de octubre a las 12 horas.