Fuchad apoya a mendocinos contra Cerro Amarillo

Mediante una nota enviada al Senado de Mendoza, la Fundación Chadileuvú manifestó su oposición al proyecto minero Cerro Amarillo, cuya autorización comenzará a tratarse hoy en la Comisión de Ambiente, Cambio Climático, Riesgo de Desastre, Asuntos Territoriales y Vivienda. El texto, dirigido al titular de la comisión, Ernesto Mancinelli, y firmado por el titular de la Fuchad, Alberto Golberg, expresa su adhesión a los cuestionamientos formulados por la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza; recuerda que "ese yacimiento se encuentra emplazado en una zona de glaciares cuyas aguas van a alimentar el curso del río Grande, perteneciente a la cuenca del río Colorado" y advierte que "su posible impacto involucra a las cinco provincias condóminas".

 

Por tal motivo, considera "un trámite ineludible dar participación al Coirco, para que las provincias involucradas puedan analizar todas las implicancias que podría ocasionar la ejecución" del proyecto presentado por el gobernador Rodolfo Suárez. El expediente, registrado con el número 78326 en la legislatura mendocina, solicita la ratificación de "la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) otorgada el 29 de agosto de 2014 al proyecto de exploración minera Cerro Amarillo" con el fin de autorizar "las tareas de exploración en ese yacimiento".

 

Oposición mendocina.

 

Tal cual informó LA ARENA en su edición del 16 de noviembre, los asambleístas mendocinos rechazan la explotación una veta de cobre ubicada a 2.800 metros de altura y a 60 kilómetros al oeste del centro malargüino, porque "pondría en riesgo una de las más prístinas y hermosas áreas de la cordillera en Malargüe, y afectaría los ríos Grande y Colorado, poniendo en riesgo una vez más la convivencia con provincias hermanas que comparten la misma cuenca hídrica", según manifestó el geógrafo Marcelo Giraud.

 

Además de movilizarse públicamente, la organización ambientalista envió una nota al Senado mendocino, alertando que "durante todo el proceso de evaluación ambiental que resultó en la aprobación y hasta hoy, el Poder Ejecutivo no habilitó ninguna instancia de participación ciudadana", requisito establecido por la Ley 25.675 y ratificado por el Acuerdo de Escazú. Cuestionan además que esa falta, "grave e invalidante del procedimiento, llega al extremo de no haber convocado siquiera a las municipalidades de San Rafael y General Alvear, que se encuentran aguas abajo del proyecto en la cuenca del río Atuel, ni al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, con competencia en la cuenca

 

del río Grande, principal afluente del Colorado".

 

Los asambleístas mendocinos advierten que la DIA de 2014 no hacía "ninguna referencia a la Ley 26.639 (Protección de glaciares y del ambiente periglacial) y que "la empresa aportó un relevamiento propio de glaciares, que el Ejecutivo validó sin consultar al Ianigla, organismo que estaba realizando el Inventario Nacional de Glaciares". Y denuncian que ocho años después, el gobernador reenvió el estudio "basándose otra vez en un informe sobre glaciares presentado por el proponente, sin haber dado intervención al Ianigla".

 

Impacto en glaciares.

 

En su nota al Senado, los asambleístas incluyen un detallado informe sobre el inevitable impacto que las tareas de exploración, y más aún la explotación del yacimiento, tendría sobre los glaciares, y concluyen que "la DIA emitida en 2014 es insanablemente inválida y debe ser rechazada" por el Senado.

 

Según este informe, "el pórfido de cobre Cajón Grande (uno de los cuatro que pretenden explorar) comprende cuatro glaciares de escombros inventariados por el Ianigla" y explica que "si bien los seis pozos propuestos no se encontrarían directamente sobre su superficie, los rodean completamente y a escasa distancia", lo que permite inferir que "si la empresa avanzara hacia la explotación, inevitablemente afectaría y hasta eliminaría esos cuatro glaciares", violando la Ley 26.639.

 

También cuestionan los datos falsos aportados por la empresa, cuando informa que explorará a menos de 3.000 sobre el nivel del mar y que los glaciares se ubican por encima de los 3.150 metros, cuando el informe del Ianigla expresa claramente que "en la subcuenca norte del río Grande los glaciares se encuentran hasta 2.629 metros".

 

Además de los glaciares, la actividad minera sobre Cerro Amarillo afectaría "la Laguna del Cajón Grande, un sitio prístino de altísimo valor hídrico, ecosistémico y paisajístico" para el cual "no se proponen medidas de protección específicas". Finalmente, la Asamblea denuncia también que "Lydia Espizúa es copropietaria de la concesión minera con su esposo Jorge Bengochea" por lo cual "debería haberse abstenido de actuar como Directora Técnica en el Informe de la cuenca del río Atuel del Inventario Nacional de Glaciares, dado que el sector noreste de su concesión se encuentra precisamente en dicha cuenca, configurando un muy posible conflicto de intereses".