“Fue maltratada por la vida y el Estado”

La muerte de una joven madre que residía en una vivienda ocupada y en situación de vulnerabilidad generó gran conmoción en Toay y la provincia. Y la trabajadora social del hospital de Toay Marisa Pérez criticó al municipio porque “la criminalizó y la revictimizó”, al tiempo que alertó sobre el desmantelamiento en políticas de acompañamiento a mujeres e infancias.

“Antonella fue muy maltratada por la vida, la familia, alguna pareja y por el propio Estado”, lamentó Pérez en diálogo con Radio Noticias.

Antonella Villalba, de 27 años, fue encontrada sin vida el domingo al mediodía en una precaria casa del barrio “Los Profesionales” que había ocupado hace seis meses con sus dos hijos, de 3 y 6 años. Si bien la policía demoró preventivamente a su pareja, quien la encontró gravemente herida y habría intentado reanimarla mediante maniobras de RCP, la Justicia determinó que se trató de un suicidio. Por esa razón el hombre, de 27 años, no está involucrado en la causa.

Según la hipótesis principal del caso, la mujer se quitó la vida, abrumada por la difícil situación personal y familiar que atravesaba. De todos modos, personas cercanas al caso confirmaron a esta redacción que la pareja sostenía “situaciones de violencia sistemática” aunque Antonella había decidido “no presentar denuncias formales por temor a perder la tenencia de sus hijos”, ya que enfrentaba una causa judicial patrocinada desde la Municipalidad de Toay por la ocupación de la vivienda.

“Muy maltratada”.

Pérez, integrante de la agrupación feminista Pan y Rosas, lamentó el suceso porque desde distintas organizaciones “advertimos al intendente de la localidad (Ariel Rojas) sobre la situación de alta vulnerabilidad de Antonella y Flor, la otra chica que también estaba ocupando una vivienda”.

“Ambas fueron denunciadas por el municipio de Toay por usurpación, lo cual las revictimizada de la situación que vivían a diario, fundamentalmente Anto porque era la que estaba en mayor situación de vulnerabilidad. Había ido a pedir ayuda al municipio para pagar un alquiler y no se lo dieron, estaba llegando el invierno, no tenía dónde ir con sus hijos y decidió ocupar una casita que pertenece al municipio, el cual en lugar de ayudarlas a buscar una solución, las criminalizó y las revictimizó”, apuntó y recordó que a las mujeres les cortaron la luz y el gas previo al invierno.

Aseguró que nunca obtuvieron una respuesta del intendente y que el defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Pablo Meaca, “prometió varias cosas que nunca se cumplieron”. Una de esas promesas era que el IPAV “le iba a dar una vivienda recuperada en comodato”.

En ese marco, contó que Antonella “había tenido una vida muy dura desde muy chica” y que Niñez “le había sacado una hijita y estaba luchando por recuperarla”. A pesar de ello, “todos los días se levantaba y vendía verduras con sus hijas, también hizo pestañas, quiso criar pollos, siempre trataba salir adelante. Pero fue muy maltratada, no solamente por la vida, por la historia familiar, por alguna de sus parejas, sino también por el propio Estado”.

Desmantelamiento.

Pérez alertó por “el desmantelamiento del Gobierno nacional” a las políticas para luchar contra la violencia de género. Pero sostuvo que “el problema no viene desde Milei, viene desde antes porque el Estado en su conjunto viene desmantelando desde hace muchos años las áreas que tienen que ver con el tema de las mujeres y de las niñeces”.

Afirmó que no hay un presupuesto adecuado para atender estas problemáticas. “No son circunstancias aisladas. Hoy es Antonella, pero no es sólo Antonella, hay muchas Antonellas en situación de calle en nuestro país y si bien en nuestra provincia no están aún en las calles, están alojadas y hacinadas en grupos familiares que les abren una puerta”, explicó.

La trabajadora social contó que “ninguna de estas mujeres ya puede acceder a un alquiler. La Provincia obviamente que está teniendo serias deficiencias porque no pueden ofrecer sólo $ 10.000 para pagar un alquiler. No hay una política adecuada y cuando las hay son patriarcales porque culpabilizan y revictimizan a las madres. Hoy terminó trágicamente y todavía no sabemos si fue un femicidio o un suicidio”.

“Muchos dicen ‘¿dónde están las trabajadoras sociales?’ Nosotras podemos hacer muy buenos informes y dar muy buenas sugerencias de abordajes, pero a veces los funcionarios no están dispuestos a poner el presupuesto necesario para que se atiendan las problemáticas”, finalizó.