Fuerte defensa del ministro a la ley de coparticipación

Aunque quedó planteado por parte de la oposición un cuestionamiento por lo que entienden es discrecionalidad en el manejo de ciertos fondos por parte de la Secretaría de Asuntos Municipales, todo indica que las modificaciones a la Ley de Coparticipación serán aprobadas en la Cámara de Diputados antes de fin de año.

Ayer el ministro de Hacienda Guido Bisterfeld estuvo en la Legislatura participando de la reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, Hacienda y Presupuesto y Asuntos Constitucionales, acompañado por funcionarios de su gabinete. En ese marco expuso y recibió consultas por el proyecto del Ejecutivo sobre la ley denominada “Estableciendo el Sistema de Coparticipación a Municipalidades y Comisiones de Fomento”.

¿Pepa a favor?

Más allá que hubo algunos cuestionamientos, todo indica que la ley va a salir. Concretamente el Frejupa va a contar al menos con el voto de Eduardo Pepa, que al salir de la reunión dijo que para Intendente Alvear la modificación “significaría algo así como 5 millones de pesos mensuales más”. Se sabe, el 10 de diciembre Pepa dejará su cargo de diputado para hacerse cargo –nuevamente- de la intendencia de su pueblo.

Agustina García (diputada radical), dijo que “se verá” si el oficialismo permite introducir las modificaciones que pretende su bloque, pero hay que tener en cuenta que ella será la Secretaria de Gobierno en la Administración de Eduardo Pepa.

Dijo el ministro.

El ministro Bisterfeld explicó que “la elaboración de la iniciativa es el resultado de un proceso histórico, iniciado en el año 2018”, y dijo que “implicó doce reuniones con los titulares de los poderes ejecutivos municipales de las diez regiones de la provincia, para establecer la problemática total de la relación provincia--municipios y municipios entre sí, y así coordinar en propuestas legislativas las soluciones técnicamente viables y políticamente consensuables que se vislumbraran”.

Después, en su alocución, puntualizó seis puntos salientes del proyecto, que fueron los siguientes:

1) “Suavizar la volatilidad de los índices repartidores de la coparticipación: veíamos que de un año a otro los índices informados por los municipios subían o bajaban un 25% o 30%, lo que marcaba una gran distorsión que no se podía seguir aceptando, por lo que se propone un promedio de los últimos 3 años para que esa distorsión se suavice y no sea de semejante violencia de un año a otro.

2) “Estructurar la incidencia de los recursos propios tributarios y no tributarios: Para la redistribución del 40% de la coparticipación, la información de los índices tributarios y no tributarios fueron desnaturalizándose y eso demandaba una corrección para que no siguiera por ese camino. La referencia es que en el año 2017, el 33% eran recursos tributarios y sólo el 7% no tributarios, llegando a la actualidad cuando los recursos tributarios bajaron al 29% y los no tributarios ascendieron al 11%, eso porque algunos gobiernos locales han ido incorporando servicios relacionados con la actividad comercial (estaciones de servicio, por ej.) y/o de provisiones de bienes y servicios (geriátricos, por ej). Así, para evitar esta tendencia destinada a un subsidio encubierto vía el incremento de los recursos coparticipables de composición actual de los recursos y se le pone un límite a la incorporación de ingresos provenientes de recursos no tributarios, fijándose como permanente el índice al 31 de diciembre de 2022, o sea 29% de recursos tributarios y 11% de no tributarios.

3) “Uniformar la información, para lo cual se confeccionará un clasificador de recursos que conformará un sistema de información común a todos los municipios, permitiendo, además de su comparación, evitar cualquier criterio subjetivo a la hora de determinar qué recursos se consideran para la determinación de los índices.

4) “Afianzar la fiabilidad de la información: con la instrumentación de una validación previa de cada Concejo Deliberante, en el caso de los municipios, y del Tribunal de Cuentas, en el caso de las comisiones de fomento; se mejorará la fiabilidad del informe “rendición de ingresos de recursos-ley de coparticipación” que incluirá los recursos propios tributarios y los no tributarios de las comunas.

5) “Otorgar previsibilidad, estableciendo que la rendición de ingresos de recursos, ante la secretaría de asuntos municipales para que la tesorería general de la provincia elabore los índices a partir de esa información, sean los percibidos entre el 1 de julio y el 30 de junio del año siguiente.

6) “Restablecer la equidad distributiva creando el Fondo Adicional de Distribución Poblacional, ya que ante el avance de la participación de los recursos no tributarios se generaron distorsiones perjudicando a las localidades que basan sus finanzas en la recaudación de tasas municipales, asidero fiscal que se encuentra fuertemente relacionado con la población residente en la comuna. La creación de este Fondo implica para las arcas de la provincia un esfuerzo financiero, valuado en términos actualizados de 3458 millones de pesos que pasará en lso sucesivos ejercicios fiscales a manos de las comunas”.

Planteos opositores.

Enseguida participaron los y las legisladoras. Eduardo Pepa reprochó que no estuvieran presentes funcionarios de la Secretaría de Asuntos Municipales, y hubo planteos por la supuesta “discrecionalidad” con la que esa secretaría distribuye fondos “a partir de su presupuesto equivalente al 2% del presupuesto general”.

Por otra parte ante un pedido de que se incorporen cuerpos de relatores en los concejos deliberantes, para poder cumplir con la validación previa de la rendición de ingresos de recursos, la respuesta de Guido Bisterfeld y los diputados oficialistas fue que “los municipios son autónomos”. Indicó el ministro que “no les demandará a los concejales una carga de trabajo mayor, porque los ingresos nunca son difíciles de controlar, el problema siempre está en el control de gastos”, y “es función de todo Concejo Deliberante el control de gastos y recursos”.

Además aclararon los funcionarios de Hacienda que no se convocó a los intendentes electos a discutir la elaboración previa de la iniciativa porque “es transversal a quien ocupe circunstancialmente el sillón de intendente, es un trabajo que empezamos en 2017, es decir en el mandato anterior al actual, incluso”.

Convenio con Anses.

Más tarde las comisiones de Hacienda y Legislación Social emitieron despacho aprobando por mayoría el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio Bilateral de Financiamiento, celebrado entre la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y la provincia de La Pampa. La minoría integrada por legisladores de Comunidad Organizada, UCR y Propuesta Federal, fijará su posición en el recinto, respecto a esta iniciativa.