Glaciares: acusan de "censura" al bloque libertario

Desde el Partido Comunista de La Pampa cuestionaron el intento del Gobierno nacional de limitar la participación en las audiencias públicas por la Ley de Glaciares. A su vez, pidió que se llame a un plebiscito.

"La audiencia pública sobre la Ley de Glaciares (26639) se encamina hacia un cercenamiento de la participación de la ciudadanía en un tema donde se debate el uso del agua", sostuvieron a través de un comunicado. En esa línea, explicaron que "el oficialismo, en la Cámara de Diputados de la Nación, limita la participación de las más de 70.000 personas que se registraron para participar de la mencionada audiencia y hacer uso de sus cinco minutos para diferentes ponencias. El oficialismo limita al 25 y 26 de marzo para las ponencias. Algo imposible de implementar".

A su vez, denunciaron que "el oficialismo procede a censurar al conjunto de los y las ciudadanas al no decidir ampliar el tiempo de la audiencia. Para La Pampa está en peligro el río Colorado, cuya alimentación proviene de los glaciares de la montaña, y que suministra el agua potable para gran parte de las ciudades y pueblos".

"Ante un hecho consumado de coartar la participación, llamamos a la necesidad de que el congreso convoque a un plebiscito y que sea el pueblo argentino por medio del voto soberano los pasos a seguir sobre los glaciares", completaron.

Presentación.

Días atrás, el diputado provincial Hernán Pérez Araujo (Frejupa) presentó una acción de amparo por considerar “irresponsable, irrisoria, azarosa, egoísta y desinteresada” la modalidad dispuesta para el tratamiento de la Ley de Glaciares. El legislador entiende que la medida “implica un mal uso de las facultades y limita la intervención de los pampeanos y pampeanas en una problemática de suma importancia para nuestra provincia, que es pionera en el reclamo y la defensa de sus recursos hídricos".

Tal como se mencionó, las Comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la cámara baja establecieron audiencias públicas con participación presencial el miércoles 25 de marzo y virtual el jueves 26, limitando la intervención a los primeros inscriptos de cada jurisdicción.

“Considero que este criterio, basado únicamente en el orden cronológico, excluye a actores sociales de gran relevancia como expertos en materia ambiental, docentes, estudiantes y científicos”, sostuvo Pérez Araujo. Y fue más allá al señalar que “la decisión no solo desoye a los argentinos y argentinas, sino que además desconoce principios fundamentales de nuestra Constitución Nacional en materia de protección ambiental y participación ciudadana. Estamos hablando de un bien colectivo de jerarquía constitucional y supranacional, cuya pérdida, destrucción o degradación resulta irreparable. Buscamos que nos escuchen, que nos den participación real en un debate trascendental para el presente y el futuro ambiental de nuestro país”, concluyó.