“La discapacidad no es un fraude”

La Secretaría de Seguridad Social e Inclusión para las Personas con Discapacidad del Partido Justicialista emitió un comunicado junto a referentes, organizaciones de la sociedad civil y militantes, manifestando el más enérgico rechazo al proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional titulado cínicamente como "Ley contra el Fraude de las Pensiones por Invalidez". 

Y agregaron que “esta iniciativa no representa un ajuste técnico ni una búsqueda de transparencia, sino una ofensiva ideológica contra el corazón del sistema de protección social que Néstor y Cristina construyeron. Como pilar de este sistema, la Ley 27.793 constituyó un hito de orden público al establecer pisos básicos de protección bajo el principio de progresividad, consolidando la transición del viejo paradigma médico-laboral hacia el Modelo Social de la Discapacidad”. 

“Al garantizar la intangibilidad de las asignaciones y la compatibilidad con el empleo formal, esta norma grabó en el ADN de nuestro movimiento que la inclusión no es una cifra en una planilla de Excel, sino un imperativo de justicia social”, acotaron.

En ese mismo sentido, señalaron que “este entramado normativo, la Ley 24.901 constituye la columna vertebral del sistema de apoyos en la Argentina, al garantizar un régimen integral de prestaciones en salud, educación, rehabilitación y cuidados, organizado a partir de un nomenclador nacional que fija criterios, valores y estándares de atención. La modificación de este esquema, tal como se desprende del proyecto en cuestión, implica no solo un intento de fragmentar el sistema y desregular las prestaciones, sino también de romper los acuerdos federales que sostienen su funcionamiento, debilitando derechos adquiridos y generando mayor desigualdad territorial en el acceso a servicios esenciales”.

Desmantelar avances.

Desde el PJ indicaron que “el actual proyecto del Gobierno pretende desmantelar estos avances mediante un acto de violencia institucional y simbólica, buscando instalar en la opinión pública una sospecha generalizada sobre las personas con discapacidad para legitimar el despojo”.

Y añadieron que “hablar de ‘fraude’ en este contexto es una decisión política para criminalizar la vulnerabilidad y convertir al Estado en un perseguidor en lugar de un garante. El proyecto representa el retroceso más grave de la historia reciente al pretender que el Estado abandone su rol frente a las barreras sociales para volver a una mirada restrictiva y mercantilista, que reduce a la persona a un cuerpo ‘incapaz’ de producir. Este cambio no solo ignora la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino que también pone en alerta a las provincias: al diluir la responsabilidad directa de la Nación, se trasladan costos que derivarán inevitablemente en una crisis sanitaria y social en cada territorio”.

Propone crueldad.

Finalmente, indicaron que “esta iniciativa no propone eficiencia, sino una crueldad que castiga el deseo de trabajar y fragiliza la vida de miles de familias. Como bien nos enseñó Cristina, no vienen por los nombres, vienen por los derechos conquistados”.
“Por todo esto, nos urge defender la institucionalidad lograda, reafirmando que la discapacidad no es un fraude; es una realidad que exige un Estado presente, humano y protector”, concluyeron.