Ley de Financiamiento Universitario: "clave para el desarrollo económico y social”

En los fundamentos del proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria los autores remarcaron que “la educación universitaria pública en Argentina ha sido, históricamente, un pilar fundamental para el desarrollo social, económico y cultural del país”. En ese sentido, advirtieron que “desde diciembre del 2023, las universidades nacionales e instituciones de educación superior de gestión pública en nuestro país vienen atravesando una situación crítica e incierta desde que el gobierno nacional decidió prorrogar el presupuesto del año anterior. Por lo que las partidas destinadas a educación superior son las mismas que se votaron en este Congreso de la Nación en el 2022, para configurar el presupuesto del 2023. La decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar los presupuestos implica que, desde enero del 2024, se ha acumulado una diferencia entre la variación de precios y las partidas otorgadas para gastos de funcionamiento del 134 %”.

A esto se le suman las advertencias realizadas por el CIN sobre “la situación salarial de docentes y nodocentes, con más del 70 % de trabajadores percibiendo salarios por debajo de la línea de pobreza. Además, el presupuesto asignado a las universidades para el 2025 representa solo el 50 % de lo requerido para su funcionamiento, lo que ha llevado a una reducción significativa en las actividades académicas, de investigación y de extensión”.

En ese sentido, relevaron que “las transferencias que ha realizado el Poder Ejecutivo a las universidades en concepto de salarios y la pérdida de un 100 % respecto a la inflación”. Si a esto se le suma “la recaudación tributaria del gobierno nacional, veremos que el Poder Ejecutivo Nacional tuvo los fondos necesarios para haber mantenido tanto gastos de operativos de las universidades como los salarios docentes y nodocentes en niveles que permitieran el normal funcionamiento de las instituciones de educación superior”.

“La inversión en educación universitaria no solo es una obligación legal y ética del Estado, sino que, también, constituye una estrategia clave para el desarrollo económico y social del país”, sostuvieron. 

Atentado contra el futuro.

Por otro lado, precisaron que “según el último presupuesto aprobado -2023- el crédito para financiar a las universidades ha sido de 752.482 millones de pesos. Mientras que los fondos nacionales provenientes de la coparticipación (100 % de impuesto a las ganancias, bienes personales, impuestos internos y el 89 % de IVA neto) ascendieron a 18.613.980 millones de pesos. Aplicando el 40,21 % del inciso a) del artículo 3 de la Ley N° 23.548 el valor del denominador será de 7.484.681 millones de pesos. De esta forma, según el último presupuesto aprobado por ley del Congreso Nacional, la “Proporción Universitaria” a aplicar será del diez con 05/00 por ciento (10.05 %) sobre lo que ingrese mensualmente de fondos nacionales para financiar los sueldos y sus aumentos establecidos en paritarias y los gastos de financiamiento universitario”. 

Al respecto, plantearon que “si bien es cierto el principio de economía que no se puede gastar más de lo que ingresa, la otra parte de una política económica socialmente responsable es que no puede gastar menos de lo que ingresa, ya que ello implica, directamente, atentar contra el futuro de nuestro país al desarticular el sistema universitario público argentino. El presente proyecto de ley se alinea con esta visión y empareja el financiamiento universitario con los ingresos recaudados”.