Marchan en defensa del agua

“El agua de Mendoza no se negocia”. Bajo ese lema, cientos de manifestantes nucleados en distintas organizaciones sociales marcharon ayer hacia la Casa de Gobierno de esa provincia para rechazar la ley que convalida la Declaración de Impacto ambiental del proyecto minero San Jorge. El 9 de diciembre la Legislatura mendocina sancionó esta iniciativa y generó un amplio rechazo social.

 

Llegaron a la capital caravanas desde distintas zonas de la provincia, tal como había ocurrido el día que se trató en el Senado el proyecto San Jorge. Todas las columnas confluyeron en el Kilómetro Cero y a las 10.30 iniciaron una movilización hasta la explanada de Casa de Gobierno.

 

Allí las asambleas en defensa del agua leyeron un petitorio en el que se pidió, entre otras cosas, que se archive el proyecto minero San Jorge, la derogación de la Declaración de Impacto Ambiental del Distrito Minero Malargüe 2 por considerar que viola la Ley de Glaciares, y terminar con la judicialización de las protestas ambientalistas.

 

La movilización -que se desarrolló sin incidentes- fue parte de una serie de actividades, ya que ayer por la noche también se realizó un ruidazo en la Terminal de Eugenio Bustos.

 

“No lo vamos a permitir”.

 

“No vamos a permitir que pase San Jorge, no lo vamos a hacer”, expresó Sandra Ruminot, escritora, profesora de teatro, actriz y militante por el agua en una asamblea masiva realizada en la plaza Independencia unos días atrás. La dirigente advirtió que “la represión busca acallar a la sociedad”, pero reafirmó que la lucha seguirá en las calles y alcanzará territorialidad con cortes en todos los departamentos.

 

Los reclamos no son unilaterales y por eso también se lucha por la derogación de otra ley que abre la puerta a 27 proyectos de exploración en Malargüe. Las protestas se multiplicaron en distintas ciudades, según informaron los medios de la provincia vecina.

 

La fecha de la movilización remite a una gran marcha que se hizo en el año 2019, cuando el entonces gobernador Rodolfo Suárez quiso modificar la Ley 7722, la “Guardiana del agua”. También los estudiantes secundarios y universitarios se suman a las actividades. En los últimos días, hicieron asambleas interfacultades y después en conjunto con escuelas secundarias e institutos.

 

“El agua sí se negocia: hay una cláusula constitucional que establece el derecho al agua ligado a la propiedad de la tierra. Con eso se hicieron millonarios muchos desarrolladores urbanos, con la complicidad de municipios, y después el Estado tuvo que llevar servicios”, le dijo días atrás el gobernador Alfredo Cornejo al diario Los Andes.

 

El gobernador radical es uno de los aliados más fieles a Javier Milei, tanto que el Presidente accedió a modificar la Ley de Glaciares como le pedía el mandatario provincial y a la que se sumaron los gobernadores de la Mesa del Cobre.