Marcharon a favor del juicio a la Corte Suprema

Un buen número de vecinas, vecinos y referentes de distintas agrupaciones gremiales, sociales y políticas de nuestra ciudad se movilizaron ayer miércoles para apoyar el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. En el contexto del 1F, jornada dedicada a reclamar la renovación y democratización del poder judicial, se concentraron en la plaza San Martín, donde leyeron un documento, se tomaron una gran fotografía grupal y luego marcharon por la avenida San Martín Oeste, hasta la sede del Juzgado Federal.

 

“Esta convocatoria surgió espontánea y rápidamente, demostrando que es una demanda muy sentida de nuestro pueblo. Este juicio político responde a un fallo en particular, a favor del distrito porteño, pero es importante tener en cuenta que la Corte Suprema siempre ha desconocido el federalismo y emitido fallos que perjudican a las provincias y benefician a los poderes concentrados”, afirmó Mónica Rodríguez, referente social y militante feminista.

 

Si bien consideró que “esta Corte forma parte del poder real, judicial, mediático, empresarial y económico, un poder concentrado y hegemónico que nos impide lograr nuestros propósitos como pueblo”, aclaró que “la justicia provincial no es ajena a nuestras demandas, porque desde las organizaciones ya hemos denunciado que tenemos una justicia patriarcal, racista, clasista, antidemocrática y antipopular, y proclamamos la necesidad de renovarla totalmente”.

 

“Es posible cambiarla”.

 

Otro de los asistentes a la marcha fue Franco Catalani, delegado ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, quien opinó que “la mayor deficiencia de esta Corte Suprema es que no tiene perspectiva ni fuente popular” y consideró “necesario pensarla de otra manera”. Aunque reconoció que “no estamos en la mejor coyuntura política, porque hay un gran equilibrio”, opinó que “el capital político se acumula en el conflicto” y propuso “tensionar cada vez más y exponer la forma en que el poder judicial beneficia desde siempre a los poderes concentrados”. Según Catalani, “la justicia nunca fue un poder democrático, ni desde su diseño institucional, ni desde la ocupación de cargos judiciales, ni desde los fallos, salvo elogiosos y honorables excepciones personales”.

 

En diálogo con LA ARENA, aseguró que “es posible cambiar el poder judicial, y para ello hace falta acumular poder político y sostener una perspectiva valientemente democrática”. Por eso, “son tan importantes las movilizaciones populares y callejeras para esta acumulación: porque generan conciencia”.

 

El documento.

 

Antes de la marcha callejera hacia el Juzgado Federal, las organizaciones leyeron un documento elaborado en forma colectiva, en el que manifestaron su “compromiso con el momento histórico que atraviesa el país” y afirmaron que “los miembros de la actual Corte Suprema, mediante fallos y conductas anti éticas que favorecen a ciertos sectores políticos, exponen su participación en el articulado mafioso del poder real, junto a poderosos sectores económicos y mediáticos, sometiendo, vulnerando y despojando de sus derechos a las mayorías populares”.

 

Recordaron que “esta Corte, integrada por dos jueces que aceptaron ser nombrados por decreto violando normas específicas, fue la autora del vergonzoso fallo del 2 por 1 que buscaba beneficiar a los genocidas presos por crímenes de lesa humanidad” y advirtieron que también “usurpó funciones legislativas al cambiar la composición del Consejo de la Magistratura”.

 

El texto aclara además que “la decisión de someter a juicio político a los miembros de la Corte en la Cámara de Diputadxs de la Nación es indudablemente constitucional y surgió por situaciones como el fallo sobre la coparticipación federal, favorable a la CABA y perjudicial para las provincias”. En ese contexto recordaron las evidencias de irregularidades que pesan sobre “el ministro de Seguridad y Justicia porteño Mauricio D’Alessandro y un colaborador directo de Horacio Rosatti, presidente de la Corte”, aludieron al “tráfico de influencias derivado del viaje a Lago Escondido” y la vinculación de D’Alessandro “con maniobras ilegales en licitaciones del sistema de grúas adjudicadas de manera directa por Rodríguez Larreta”.

 

A ello sumaron “la participación necesaria de la Corte y otros sectores del Poder Judicial en el entramado persecutorio contra contra la vicepresidenta Cristina Fernández , que culminó con su condena y proscripción política y tiene como contrapartida una investigación lenta y parcial del intento de magnicidio del que fue víctima la mujer con mayor apoyo popular del país”.

 

Finalmente, entre otras acusaciones contra el máximo tribunal enumeraron “su aval para allanar y detener a integrantes de organizaciones sociales y políticas, como la paradigmática situación de Milagro Sala; las situaciones de abandono y desprotección de niñas, niños y adolescentes, y el retraso e ineficacia en el abordaje de situaciones de violencia de género, feminicidios y travesticidios”.

 

“A 40 años de la vuelta a la institucionalidad democrática en Argentina, nuestro compromiso es lograr libertad, equidad y justicia para todas y todos y por eso apoyamos el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de la Nación, quienes deben rendir cuentas ante su Soberano: el Pueblo”, concluyeron.