Bonino: "Más de 3.200 casos de vulneraciones"

El subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Pablo Bonino, afirmó que es "complejo" trabajar con algunas familias y reveló que actualmente intervienen en más de 3.200 situaciones de vulneración de derechos en toda la provincia. En alusión al rol del Poder Judicial, aclaró que son "un poder independiente" y resaltó que el nuevo Procedimiento Penal Juvenil que se sancionó permitirá determinar las competencia de los Juzgados, algo que actualmente ha traído demoras en el avance de algunas causas.

 

El funcionario respondió ante los diversos hechos que han involucrado a menores en delitos, entre ellos el homicidio de un joven de 18 años en el barrio ARA San Juan y la agresión y presunto abuso de otro de 13 años en el Obreros de la Construcción. "Notamos ya desde hace bastante un recrudecimiento de los episodios de violencia, sobre todo que involucraban a preadolescentes y adolescentes", señaló durante su paso por La Parte y el Todo, programa que se emite por la Televisión Pública Pampeana.

 

- ¿De qué edades estamos hablando?

 

- De entre 13 y 17 años. Esto independientemente del análisis de las múltiples causas a la que obedece. Nuestro país viene sufriendo un deterioro y una crisis importante en los últimos años. Atravesamos cuatro años de gestión macrista que fue trágica en materia de derechos de infancia y adolescencia y mucho más en cuestiones económicas, que se profundizó con una pandemia de la que empezamos a salir.

 

La pandemia afectó de una forma tremenda a las familias, ha generado crisis muy grandes que recién estamos viendo los resultados. Hoy nos encontramos con esta serie de episodios y situaciones de niños, niñas y adolescentes que empiezan a resolver sus conflictos de la manera en que han aprendido en sus hogares, es decir a través de la violencia.

 

- O sea que hay una cuestión que involucra al hogar...

 

- La responsabilidad primaria, y esto lo dicen todas las leyes, en el cuidado y en la crianza es de la familia. Cuando falla, por los motivos que fueran, es cuando el Estado tiene que intervenir. Estamos hablando de una crisis familiar importante, una crisis de autoridad, que además pone en jaque cualquier tipo de autoridad. Esto ocurre en las escuelas, en los barrios, en los clubes, en la sociedad en su conjunto. Cuando un niño o una niña ve que los adultos con los que convive resuelven sus conflictos de forma violenta, lo más probable es que a futuro resuelva de la misma manera. Esto obliga a intervenir rápidamente para tratar, en principio, cuáles son los motivos que llevan a un adolescente a cometer un hecho de estas características. Estamos hablando de hechos muy graves que implican que ese niño o adolescente también tiene sus derechos vulnerados. Esto nos lleva a tener que pensar de qué manera podemos restituir estos derechos y de qué manera podemos trabajar con este adolescente que está involucrado en un conflicto grave con la ley penal para poder convertirlo en un hombre de bien el día de mañana.

 

Trabajo "complejo".

 

Bonino explicó que se ha reunido "con muchos familiares de víctimas de delitos atribuidos a adolescentes a los que por ahí les cuesta entender que nuestra obligación como Estado es tratar de recuperar a ese adolescente, independientemente del delito que se le haya imputado. Es un trabajo sumamente complejo".

 

En esa línea, afirmó que hay familias "con las que se puede trabajar e intervenir, y da resultados", y otras que "son reacias a la intervención y el abordaje. En este tipo de situaciones lamentablemente se llega a un punto en que al no poder avanzarse se toma otro tipo de medidas, como es el retiro de ese grupo familiar como única instancia para poder trabajar y que este chico revea sus conductas".

 

Nuevo Régimen.

 

El subsecretario destacó que La Pampa en 2021 sancionó "una ley que es modelo en el país: el Procedimiento Penal Juvenil". El mismo entrará en vigencia en agosto de 2023 y "cambia el paradigma. Es empezar a pasar de lo que era pena y castigo a la idea de daño y reparación. No sirve que a un chico se lo castigue con una prisión en un instituto especializado si eso no implica que pueda trabajar y reconocer lo que hizo".

 

- Hay una línea que divide cuando el Estado protege al niño porque su familia no es capaz, y otra que se cruza cuando ese menor está en conflicto con la ley. Cuando ocurren estas cosas, a las reuniones como la del Obreros de la Construcción asiste la Subsecretaría, Direcciones municipales y la Policía, pero falta alguien de la Justicia...

 

- Hay algo que es real, en La Pampa somos pocos y nos conocemos mucho. Tenemos buena relación con los diferentes referentes de la Justicia, del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría. Ahora, obviamente forman parte de un poder independiente y esto está claro. Lo que por ahí la gente a veces no entiende es que cuando estamos hablando de un menor acusado de haber cometido un delito, los organismos de protección no lo pueden privar de la libertad por decisión propia. Está prohibido por la ley.

 

Demoras.

 

Consultado sobre si el nuevo Procedimiento Penal Juvenil obligará a la Justicia a tomar medidas más rápido, indicó que "lo que va a permitir es que tengamos claramente definido quién es el juez competente para intervenir cuando un menor comete un delito y quién para determinar una prisión preventiva o una institucionalización. Hoy tenemos esta discusión en la Justicia...", señaló. Esto último tomó relevancia el caso del Obreros de la Construcción, donde la intervención se demoraba ante la falta de resolución de dicha competencia entre juzgados.

 

Ante esto, desde Niñez se hizo una presentación para que los tiempos de la Justicia no deriven en una situación peor. "Como no se puede esperar, lo que se hizo fue recurrir a una medida de protección en el Fuero Civil pidiendo la institucionalización de estos dos chicos, lo hicimos ante el Juzgado de Familia, competente para resolver esto, pero no es en el marco de la causa penal", deslizaron días atrás a este diario.

 

- ¿No tendría que tener la Subsecretaría más equipos para abordar estos temas?

 

- Hemos incorporado más personal del que teníamos. La Dirección Provincial tiene más 350 empleados en toda la provincia. De esos 350, hay aproximadamente 80 administrativos y 100 profesionales y operadores que trabajan en dispositivos de alojamiento. El resto, unas 200, son equipos técnicos que salen al territorio.

 

La provincia se sigue haciendo cargo de las situaciones de vulneración de derechos. La Dirección interviene hoy en más de 3.200 situaciones de vulneración de derechos, sin situación de conflicto con la ley. Es muchísimo lo que se trabaja y el compromiso de los equipos técnicos.