“No queremos que un violador esté en libertad”

El caso de Daiana Mario, una joven que denunció haber sido abusada sexualmente por su ex pareja, cobra cada vez más trascendencia pública ya que la familia de la mujer realiza protestas y marchas para exigir que el acusado “no quede en libertad”. Actualmente cumple con arresto domiciliario y este viernes finaliza el plazo de 46 días que le dio la justicia antes de determinar si continúa en esa condición o queda libre.

 

Este miércoles, familiares, amigos y también Alejandra Falcón (la madre de Lía, que murió en un siniestro vial en la avenida Circunvalación), se reunieron en el ingreso a la Ciudad Judicial para protestar y reclamar “por un mejor funcionamiento del sistema judicial”. Aseguran que no reciben información de la causa, que la defensora oficial no atiende sus requerimientos y que Daiana “tiene un botón antipánico prestado”.

 

Lorena May es la madre de la joven y en charla con los medios afirmó que se siente “a la deriva ya que nadie se hizo cargo de la atención psicológica de mi hija”.

 

“La abogada que nos asignaron nos dijo que tiene muchos casos y que tiene una familia que atender… Lo entiendo, por supuesto, pero ¿y nosotros mientras tanto que hacemos? Hace un mes que tiene la causa y recién ahora la conocemos. La abogada no sabía ni siquiera que mi hija tenía un botón antipánico. Parece que nos tomaran el pelo. Tuvieron que pasar dos meses para que recién le den atención psicológica a mi hija, que atraviesa una situación terrible”.

 

El principal motivo de la protesta radicó en que la familia tiene temor de que el joven denunciado quede en libertad con tobillera electrónica.

 

“Resulta que él tiene beneficios que mi hija no. No queremos un violador libre por el simple hecho de que se entregó. Eso no es un argumento para dejar libre a un violador. Y sabemos que hay antecedentes de que han liberado a imputados en momentos clave de la causa, por eso no queremos que esto pase de nuevo", dijo May, que estuvo siempre acompañada por Alejandra Falcón y que también recibió la visita y el apoyo de Nadia Lucero, la joven que en diciembre de 2019 sufrió un salvaje intento de femicidio de parte de quien era su pareja, Laureano González (luego condenado a 30 años de cárcel).

 

Ahora se espera también que el 20 de marzo la joven declare en Cámara Gesell, un testimonio clave para saber cómo avanzará la causa.

 

Camino judicial.

 

La causa comenzó el 25 de enero pasado, cuando una vecina de la víctima denunció el hecho ante la policía y, horas después, el juez de control Carlos Ordás autorizó allanamientos, a pedido de la fiscalía, de los domicilios de la víctima y del denunciado. También ordenó una restricción de acercamiento.

 

Al día siguiente se produjo la detención del acusado. En ese momento, la víctima prefirió no hacer la denuncia y declaró ante la policía.

 

El 27 de enero se realizó la audiencia de formalización contra el acusado, de apellido Palma, y la fiscalía, a cargo de Alejandra Moyano, solicitó la prisión preventiva del imputado por 45 días y a su vez que sea sustituida por un arresto domiciliario con control electrónico, lo que el juez Ordás otorgó. Aquí cabe recordar que el Código Procesal Penal de La Pampa no permite que, en casos en los que la fiscalía solicita arresto domiciliario, el juez disponga algo más gravoso a lo requerido por el Ministerio Público Fiscal.

 

La calificación provisoria de la causa es "abuso sexual con acceso carnal", artículo 119 del Código Penal, enmarcado dentro de la ley 26.485, de Protección Integral de la mujer, concursando en forma real con los delitos de "lesiones leves agravadas por el vínculo", por un lado, y "daño", por otro.

 

Domiciliaria.

 

El 2 de febrero, en tanto, se realizó el arresto domiciliario con control electrónico luego de verificarse la viabilidad técnica. El 6 del mismo mes, la víctima pide constituirse como querellante y ser representada por una defensora oficial. Cuatro días después, la jueza de control, Florencia Maza, acepta ese requerimiento, y la víctima ya tiene una asesora legal, la defensora penal Vanesa Ortiz.

 

El 18 de febrero, a pedido de la fiscalía, Maza autorizó un allanamiento al domicilio en el que el imputado cumple el arresto y el 26 de ese mismo mes, la jueza autorizó a que la víctima, a pesar de ser mayor de edad, declare en Cámara Gesell como consecuencia de su estado de vulnerabilidad. El pasado lunes 9 de marzo, la fiscalía pidió una audiencia de reexamen que se fijó para este miércoles a las 12.