"Nos pone en riesgo de replicar conflictos como el del Atuel a todo el país"

El diputado nacional por La Pampa, Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria), anticipó su voto en contra de la modificación de la Ley de Glaciares. "Vengo de una provincia donde la defensa de sus recursos hídricos ha sido una lucha, que no solamente es de un gobierno sino que es de toda la sociedad. Es transversal para los pampeanos", dijo durante su intervención en el recinto.

 

"Desde esa posición vengo a manifestar el rechazo a este proyecto de ley, porque para La Pampa no es un discusión abstracta ni teórica. Si hablamos de glaciares hablamos de agua, y si hablamos de agua es hablar de nuestra posibilidad misma de existencia", añadió. El diputado explicó que "somos una provincia aguas abajo, nuestro presente y futuro se decide aguas arriba. Dependen de decisiones que se toman fuera de nuestro territorio, por eso cuando se modifica una ley de presupuestos mínimos que protege los glaciares, no se está discutiendo qué es lo que hace esa provincia en su territorio, sino también se está discutiendo cómo llega a las jurisdicciones el agua, cuándo y en qué condiciones".

 

Rauschenberger advirtió que "este proyecto no se puede analizarse como si el artículo 124 de la Constitución Nacional autorizara a cada provincia a decidir en soledad y, según su conveniencia, qué porción del sistema hídrico común merece protección y en qué medida. Ese no es el federalismo ambiental que promueve nuestra Constitución. La Corte Suprema lo dice muy claro, el artículo 41 y el 124 tiene que ser tratados de manera armónica, y ese es el federalismo de concertación no el de fragmentación y de la apropiación unilateral de recursos comunes".

 

Cambios regresivos.

 

El legislador destacó que "la Ley de Glaciares vigente fue concebida como un piso común de tutela ambiental, este proyecto reforma eso. Encubre una modificación regresiva, encubre una derogación del régimen de presupuestos mínimos".

 

En esa línea, advirtió que "el artículo tercero y tercero bis son muy graves, porque bajo la apariencia de incorporar el principio precautorio en realidad lo invierte. La protección queda sujeta a que una autoridad competente verifique la inexistencia de funciones hídricas y desde allí habilita la exclusión de glaciares del régimen de protección, mientras que el principio precautorio por el contrario indica protección ante riesgos potenciales, incluso cuando no exista certeza sobre el daño. No así la desprotección hasta tanto se verifique que existe función hídrica relevante".

 

Esto se agrava con el artículo quinto, porque "mantiene una clausula alarmante, que es que aún cuando el organismo especializado no convalide la exclusión de un glaciar del inventario, la decisión administrativa aún sigue produciendo efectos. Esto no es fortalecer la ciencia, es subordinarla".

 

Rauschenberger señaló que "desde La Pampa no lo podemos tomar de manera ingenua, porque por experiencia histórica sabemos lo que ocurre cuando se debilitan las reglas comunes y se deja a las provincias aguas arriba decidir sin considerar el efecto de sus actos sobre la cuenca completa. Lo sabemos por el Atuel y por el Salado. Hoy nos queda solo un gran río activo, el Colorado, esto no es solamente un dato geográfico. Es una condición de vida para nuestra provincia, porque de él depende el 70 % de la población para abastecerse de agua".

 

"Los ríos no reconocen límites políticos, reconocen cuencas. Las cuencas son interjurisdiccionales, lo dice la ley 25688 y la Corte Suprema. Por eso, cuando este proyecto traslada a cada jurisdicción la identificación de qué glaciar o forma periflaciar cumple funciones hídricas, rompe la unidad de gestión del agua. Nos pone en riesgo de replicar conflictos como el del Atuel, de La Pampa contra Mendoza, a todo el país y debilita la seguridad hídrica de las provincias aguas abajo".

 

"Acá no discutimos minería sí o minería no de forma abstracta, sino cómo, dónde, bajo que condiciones y si vamos a poner en riesgo reservas estratégicas de agua dulce en un contexto de bancarrota hídrica, tal como lo definió la ONU. No nos oponemos al desarrollo, sino que defendemos una condición básica para que cualquier desarrollo sea posible: la existencia del agua", completó.