Jueves 23 de mayo 2024

Otro día sin transporte escolar en Santa Rosa

Redacción 17/04/2024 - 00.13.hs

Una mañana complicada afrontaron este martes las familias de los barrios periféricos de la ciudad que envían a clases a sus hijos en los micros escolares, porque las empresas a cargo del servicio llevan adelante un “lock out” desde el lunes a la tarde. Desde las compañías aducen que la Provincia no les paga desde el inicio del ciclo lectivo pero desde el Ejecutivo pampeano aseguran que eso no es cierto.

 

La versión sobre el corte del servicio comenzó a tomar forma el lunes a la tarde, cuando las mamás y los papás de los niños que usan el servicio fueron notificados por las empresas sobre la medida de protesta. Entrada la noche, este diario se comunicó con el titular de una de las cuatro firmas prestatarias, quien aseguró que no podían seguir haciendo los viajes porque no tenían contrato ni estaban cobrando. Adujo que el problema venía desde el 1 de marzo.

 

“No es la primera vez que pasa esto, pero la situación no es la misma. Hoy no tenemos espaldas para aguantar, no tenemos resto para tener un descubierto en el banco. Ellos nos piden que esperemos, pero no somos el Estado para aguantar. Además no tenemos contrato y eso es peligroso. Lo hacemos de gauchada”, sostuvo la fuente empresaria que habló con este diario.

 

Además, explicó que el Tribunal de Cuentas de la provincia había rechazado la licitación que el Ministerio de Educación había realizado para la contratación del servicio.

 

Desmentida.

 

Sin embargo, fuentes del TdC aseguraron a este diario que si bien era cierto que la licitación había sido rechazada, también lo era que Educación había realizado contrataciones directas y estaba pagando. Lo mismo dijeron luego fuentes del Ejecutivo provincial.

 

Desde el TdC añadieron que la licitación había sido rechazada porque las estructuras de costos que había presentado las empresas para justificar el precio que pretendían no eran consistentes. En rigor, aseguraron que estaban muy por encima de los valores reales.

 

El servicio que ahora está en conflicto comenzó a prestarse durante el primer gobierno de Carlos Verna (2003-2007) cuando Santa Rosa comenzó a crecer hacia el sureste con la inauguración de los barrios “Néstor Kirchner” y “Esperanza”, los cuales no contaban con escuelas en ese entonces. A esos barrios se sumaron años más tarde el “Nelson Mandela”, el “Pueblos Originarios” y el “ARA San Juan”.

 

Actualmente funciona allí el Proyecto I, que cuenta con establecimientos educativos para Nivel Inicial, Primario y Secundario. Sin embargo, muchos de los chicos de la zona están escolarizados en otros establecimientos, con lo cual los micros siguen siendo una necesidad.

 

Las firmas que prestan el servicio son CSG, El Pony, Ciudad de Toay y Anzorena. En total suman entre 28 y 30 micros que llevan a los escolares. Cada unidad tiene un chofer y un auxiliar. El servicio es costeado por el Estado provincial, a través de la Dirección de Administración Escolar.

 

Los colectivos viajaron por última vez el lunes en el turno de la mañana, cuando llevaron y luego buscaron a niñas y niños, pero ya no se encargaron del turno tarde y tampoco el de la mañana de ayer.

 

“No hemos cobrado”.

 

Desde las empresas que prestan el servicio de transportes escolares en Santa Rosa aseguraron anoche que no tuvieron novedades por parte del gobierno de la provincia y por lo tanto mantienen el corte del servicio. Además expresaron su malestar por las afirmaciones que a este diario realizaron fuentes del Tribunal de Cuentas y el Ejecutivo provincial respecto de que era mentira que no les estaban pagando.

 

Aducen que por un error administrativo de la Dirección de Administración Escolar y por mala voluntad del Tribunal de Cuentas les están pagando como si prestaran el servicio con cuatro micros, uno por empresa. En realidad, el servicio se cubre con 28 unidades. “Este mes quedé debiendo sueldos”, sostuvo uno de los empresarios a LA ARENA.

 

En el Centro Cívico no quisieron polemizar con los titulares de las empresas. Se limitaron a informar que volvieron a enviar la licitación al Tribunal de Cuentas y que en la anterior “había sobreprecios”. Esto último también es negado insistentemente por las fuentes empresarias consultadas por este diario.

 

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