Pornografía infantil: el imputado eligió el silencio y no declaró

El empleado judicial que se encuentra sospechado de estar involucrado en una red de pornografía infantil se abstuvo de declarar ante la Fiscalía. Su padre, en tanto, está citado para este lunes por la mañana.

 

Fuentes ligadas a la causa consultadas por LA ARENA confirmaron que el santarroseño involucrado, que cumple funciones en el Fuero Penal de la Primera Circunscripción y tiene unos 39 años. En ese sentido, indicaron que fue citado el viernes por la mañana y se presentó como estaba previsto. "Compareció, pero se abstuvo de declarar", señalaron.

 

Según pudo saber este diario, la Fiscalía analiza la posibilidad de formalizar la investigación en una audiencia, donde se les imputaría el delito oficialmente. En paralelo, sí está confirmado que la primera medida que solicitarán, una vez que declare el padre, "es la pericia de todos los dispositivos secuestrados. Eso se puede solicitar independientemente de la formalización o no de la investigación".

 

Este será el próximo paso y su resultado definirá el rumbo de la causa. También servirá para determinar si hubo participación de ambos imputados o de solo uno de ellos.

 

Operativo internacional.

 

En conferencia de prensa, la fiscala sustituta Micaela Sucurro, a cargo de la investigación en nuestra provincia, indicó que son dos las personas presuntamente involucradas en la red de pornografía infantil. Ambos, un padre e hijo, fueron imputados, pero no están detenidos.

 

Sucurro, estuvo acompañada en la sede del Ministerio de Seguridad de La Pampa, por el jefe de la División Análisis de las Telecomunicaciones de la Policía, Temístocles Torreani y la jefa del área Trata de Personas, Belén Pérez Fassi. En ese marco, explicó que el operativo realizado en Santa Rosa formó parte de la operación "Luz de infancia", que se llevó a cabo además en otros puntos del país, y en otros países.

 

En nuestra ciudad, fueron imputadas dos personas, padre e hijo, a quienes se les secuestraron una serie de dispositivos electrónicos, que serán peritados. Según explicó la fiscala, "esto se detectó en varios países de América, en varias provincias en Argentina y en La Pampa, un caso en particular. Se detectó una dirección IP que a través del programa Emule, que permite la descarga de archivos, compartió 300 videos de material de explotación sexual infantil y en bases a esas direcciones IP de conexión, desde donde el usuario operaba y traficaba estos datos, se pudo identificar un domicilio en Santa Rosa", indicó Sucurro.

 

La imputación se encuadra en el artículo 128 del código penal, que tiene que ver con la divulgación, el facilitamiento de material y contenido de explotación sexual infantil. La pena puede ser de 3 a 6 años de prisión.