Postergan la vigencia del sistema acusatorio en la Justicia Federal

La puesta en vigencia del sistema acusatorio en la Justicia Federal de La Pampa, que depende del distrito Bahía Blanca, se postergó a raíz del temporal que azotó a la ciudad bonaerense. Por el momento no se fijó una nueva fecha para su puesta en marcha.

Este tema fue uno de los que se abordó en el informe Nº 142 que presentó el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, ante la Cámara de Diputados. Una de las consultas que recibió estuvo vinculada a la evaluación de la implementación de dicho sistema y los avances en otros distritos.
“Los avances hasta la fecha referidos a la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF) son significativos, progresando de manera notable”, contestó. A su vez, se destacó que “en las jurisdicciones de Salta, Rosario, Mendoza, General Roca y Comodoro Rivadavia, se han instalado nuevas infraestructuras, capacitado a operadores judiciales e incorporado tecnología de vanguardia para mejorar la eficiencia del sistema. Esto incluye salas de audiencias equipadas con tecnología moderna y redes interinstitucionales de cooperación, claves para el éxito del proceso”.

En el caso del Distrito Federal de Rosario, indicó que “desde su entrada en vigor el 6 de mayo al 31 de diciembre de 2024, se observó que el 45,5 % de las carpetas ingresadas en la etapa de garantías han sido resueltas o cerradas en un período de casi 8 meses. De ese porcentaje, el 16,5 % alcanzó una condena en proceso abreviado y el 9,4 %, una suspensión del proceso a prueba, mientras que al 1,2 % se le aplicó un criterio de oportunidad”.

“El avance en la jurisdicción de Rosario es un ejemplo claro de cómo la implementación del CPPF ha sido prioritaria, dada la grave situación de violencia y criminalidad organizada en esa región. La respuesta rápida y eficiente que ofrece el nuevo sistema procesal es vital para abordar los desafíos que presenta la criminalidad moderna”, añadió.

Suspensión del plazo.

Por otro lado, destacó que “el Ministerio de Justicia financió las adecuaciones edilicias de salas de audiencias realizadas por el Consejo de la Magistratura y gestionó la adquisición e instalación, ‘llave en mano’, de equipamiento tecnológico de audio y sonido de última generación para 30 salas de audiencias, de las cuales siete fueron destinadas al Distrito Federal de Rosario”.

Desde la cartera, explicó, se establecieron plazos para la puesta en marcha de este sistema en otros distritos. Uno de ellos es el Distrito Federal de Bahía Blanca, que tiene bajo su órbita al Juzgado Federal de Santa Rosa.

En nuestra provincia, por resolución se había fijado el 5 de mayo de 2025 para su puesta en marcha. “Se está evaluando la postergación de la entrada en vigencia atento al temporal que azotó la ciudad el pasado 7 de marzo de 2025”, indicó en la respuesta Francos.

“Hubo un cambio, que tuvo que ver con la inundación en Bahía Blanca porque quedaron bastante afectados los edificios del Poder Judicial, y se suspendió el plazo del 5 de mayo”, explicaron fuentes judiciales ante la consulta de LA ARENA. En ese sentido, precisaron que “todavía no hay fecha, pero se calcula que va a ser para agosto o septiembre”.

En la Justicia Federal hay operadores que se expresaron en contra de la modificación. “Hay quienes son muy críticos del sistema, porque no tiene buenos controles externos sobre el trabajo de la Fiscalía”, indicaron las fuentes consultadas. El argumento que sostienen quienes opinan de esta manera es que “se basan en resultados: ‘llevo tantos casos, gané tantos’. Es éxito, cuando en realidad no se investigan bien los hechos”.

“Se puede tener el sistema que se quiera, con un Código redactado por los mejores juristas. Puede ser perfecto, pero se lo das a un mono para que lo aplique y no va a dar buen resultado. Y acá, hace rato el problema es la ejecución, no el sistema”, plantean.

El nuevo sistema.

El sistema acusatorio que se implementará es similar al que actualmente se aplica en la Justicia provincial. Desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación en su momento explicaron que el “el nuevo CPPF establece un sistema adversarial, en el que tanto la fiscalía como la defensa esgrimen sus argumentos y elementos de convicción, y los y las juezas controlan y deciden, sin involucrarse en la teoría del caso esbozada por las partes. Exige una rígida separación de funciones”.

A diferencia de lo que ocurría hasta ahora, serán los y las fiscales las que promuevan la acción penal y dirijan de manera exclusiva la investigación penal, para luego sostenerla y acreditarla en un juicio oral y público. “Los jueces, en tanto, garantizan que se cumpla la ley durante el proceso, además de controlar las garantías constitucionales”, indicaron desde el MPF.

“Todo el proceso tramita esencialmente con audiencias orales y públicas -donde se concentra la mayor actividad procesal posible- y sin un expediente. El Ministerio Público Fiscal forma un legajo de investigación al que no pueden acceder las y los jueces. Se trata de una herramienta digital y desformalizada en la que el órgano acusador público registra la actividad investigativa desarrollada bajo los principios de lealtad procesal y objetividad, junto con el resultado de las medidas practicadas. Esta es otra gran diferencia con el sistema mixto, en el que la etapa de instrucción tramita exclusivamente por escrito y sus constancias son incorporadas a un expediente de libre acceso para el órgano judicial”, añadieron.