“Se ha convertido en una fecha especial”

Si bien cada 28 de septiembre representa “una jornada histórica que nos viene convocando desde hace 30 años, hoy se ha convertido en una fecha especial por los riesgos y amenazas que se ciernen no solo contra el aborto legal y gratuito, sino contra todos los derechos reproductivos y la misma Ley de Educaciòn Sexual Integral (ESI)”, advirtió Pilar Galende. El 28 de septiembre es el Día de Acción Global por la Despenalización y Legalización del Aborto y en ese contexto fue convocado en todo el país un “Pañuelazo Federal”, que en La Pampa se desarrollará a partir de las 18, en Santa Rosa y General Pico.

Pilar Galende es médica y actual presidenta de la Federación Argentina de Medicina General (Famg). En diálogo con Radio Noticias (FMM 99.5), consideró que algunas propuestas formuladas por candidatos presidenciales de la derecha argentina “atentan contra un contexto integral de derechos”. Además de la promesa de “plebiscitar un derecho ya conquistado mediante la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), hablan de dejar sin aplicación efectiva la ESI y llevar adelante otras políticas con fuerte impacto, como cerrar el Ministerio de Salud, eliminar programas que proveen métodos gratuitos de anticoncepción, o privatizar los servicios de salud”.

Por eso, la movilización de esta tarde tiene como finalidad principal “estimular una toma de conciencia de la ciudadanía y sabernos organizadas y juntas frente a la amenaza” de restringir derechos.

“En el consultorio, los profesionales de la salud tenemos un termómetro que, además de la fiebre, mide la temperatura social”, dijo Pilar. Y reflexionó que las luchas para conquistar derechos “representan procesos históricos cuya cercanía podemos registrar a través de historias de vida”.

La promulgación de la IVE,”más allá de las múltiples experiencias atravesadas por las mujeres, antes y después de la ley, puso en marcha una política pública que también significó una despenalización social para los profesionales de la salud”, quienes durante muchos años “sufrieron procesos de persecución en el marco de la ILE (Interrupción Legal del Embarazo), en diversidad de situaciones y con un freno permanente que los colocaba bajo la mira”.

En ese contexto, “la ley legitimó también nuestra práctica profesional, porque una política pública implica que una persona puede acercarse a un servicio de salud, donde sus derechos serán canalizados a través de una consulta, y recibirá un acompañamiento”, concluyó.