Siete provincias rechazan la embestida de Nación

En un histórico pronunciamiento, las autoridades laborales de siete provincias argentinas firmaron una Carta de Intención para blindar sus facultades de control e inspección del trabajo, ante el avance de una ley nacional que pretende centralizar el registro laboral en un organismo tributario. Es un golpe al federalismo y un intento de vaciar las autonomías provinciales.

 

En una clara señal de resistencia al unitarismo del gobierno nacional, los ministerios y autoridades laborales de las provincias de Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Santiago del Estero y Tierra del Fuego suscribieron ayer una Carta de Intención que reafirma el poder de policía del trabajo como una facultad no delegada a la Nación.

 

El documento es una respuesta directa a la denominada "Ley de Modernización Laboral" -ya aprobada en el Senado- que, en su artículo 20, busca centralizar la registración laboral en la órbita de un ente nacional de naturaleza tributaria, desplazando a las provincias de su rol constitucional de fiscalización y control.

 

Las provincias firmantes advierten que esta medida, bajo un falso ropaje de "simplificación", licúa las herramientas esenciales para garantizar trabajo decente y condiciones laborales dignas.

 

"La registración laboral y la documentación respaldatoria son la base de la transparencia y la prueba de la relación laboral; sin ellas, la inspección se vuelve letra muerta y los derechos del artículo 14 bis quedan en manos de un registro centralizado ajeno a la realidad productiva de cada región", señala el texto.

 

Carta de Intención.

 

La Carta de Intención invoca el artículo 121 de la Constitución Nacional -la cláusula de reserva- y la doctrina de la Corte Suprema (Fallos 252:26) que reconoce a las provincias la potestad de legislar y controlar en materia laboral.

 

Con este paso, las siete jurisdicciones se comprometen a dictar normas propias, establecer sistemas digitales de rúbrica y registros laborales obligatorios, y coordinar acciones para defender su autonomía frente a lo que consideran una "embestida centralista" del gobierno nacional.

 

"El federalismo no es una declamación; es ejercicio efectivo de poder. Las provincias no vamos a permitir que nos conviertan en meras espectadoras del mercado laboral. Si el gobierno nacional insiste en vaciar nuestras competencias, nos encontraremos con provincias de pie, defendiendo su Constitución y a sus trabajadores", manifestaron las autoridades presentes.

 

La iniciativa, de carácter político-institucional, deja abierta la puerta a futuras acciones legislativas y judiciales si la Nación avanza en despojar a las provincias de sus facultades históricas. Mientras tanto, las siete provincias ya trabajan en una agenda común para blindar el control laboral en sus territorios.