“Son empresas con fines de lucro”

Representantes de la CTA-T La Pampa, invitados a la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados provincial, ratificaron su rechazo a la adhesión a la Ley nacional 27.348, complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557.

 

Durante el encuentro, expusieron su posicionamiento reafirmando el rechazo a la normativa por considerar que perjudica a las y los trabajadores, al “fortalecer el poder de las Comisiones Médicas —organismos administrativos que reemplazan la intervención del juez laboral— y al imponer una lógica privatista y mercantil sobre la salud y la seguridad en el trabajo”.

 

Los visitantes hicieron entrega en la comisión legislativa de una copia del documento formal con los argumentos y fundamentos del rechazo al Gobernador Sergio Ziliotto. Allí expresan la preocupación de la Central y solicitan “que no se avance con la adhesión a esta ley regresiva”.

 

No a intereses burocráticos.

 

“Desde la CTA-T La Pampa reafirmamos que la salud y la vida de las y los trabajadores no pueden subordinarse a intereses económicos ni burocráticos.La verdadera política en materia de riesgos del trabajo debe centrarse en la prevención, la protección integral y el respeto de los derechos laborales.

 

Por todo ello, decimos una vez más: no a la adhesión a la Ley 27.348”.

 

Estuvieron en la Legislatura Lilia López, secretaria general de CTA; Noemi Tejada, secretaria adminsitrativa de CTA; Carlos Fernández, asesor letrado de Utelpa; y Darío Muñoz, secretario de ambiente de Utelpa.

 

Tejeda recordó que desde su sanción en 2017 “la CTA, junto a la Intersindical de Salud de los Trabajadores, rechazó esta normativa”, al considerar que “profundiza un modelo que traslada al ámbito privado la gestión de los accidentes y enfermedades laborales”.

 

Ley de prevención.

 

La dirigente destacó que la postura del sector sindical siempre fue “promover una ley de prevención y no de riesgos”, con el objetivo de garantizar condiciones de trabajo seguras antes que asignar un valor económico a los daños producidos. En ese sentido, señaló que “las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) son empresas con fines de lucro que operan bajo una regulación insuficiente”. Y que “la modificación impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri agravó un sistema que ya estaba privatizado desde los años noventa”.Explicó además que la adhesión provincial a la ley nacional "burocratiza los trámites de reconocimiento de enfermedades y accidentes laborales, al obligar a los trabajadores a recurrir a las comisiones médicas dependientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo". “En la práctica -insistió Tejeda-- estas comisiones rara vez revierten lo que dictaminan las ART, lo que deja a los trabajadores en una situación de desprotección”.

 

Preocupación por plazos.

 

Asimismo, expresó su preocupación por el plazo de 45 días previsto en el proyecto pampeano para la presentación de reclamos, recordando que en la provincia de Buenos Aires la Justicia declaró inconstitucional una norma similar por establecer un plazo de 90 días.“Estamos frente a una ley que no beneficia a los trabajadores ni a las trabajadoras, y tampoco a los empleadores; los únicos favorecidos son los grupos aseguradores”, sostuvo. Por su parte, Fernández Articó señaló que el texto del proyecto “presenta contradicciones internas”, ya que “por un lado sostiene que busca garantizar los derechos de los trabajadores, pero al mismo tiempo persigue disminuir la litigiosidad, cuando en realidad ambos objetivos no son compatibles”. El asesor advirtió que la adhesión provincial a la norma “consolida la privatización de la salud laboral” y "vulnera el principio de reparación integral frente a un daño". “El único patrimonio que tiene un trabajador es su fuerza de trabajo. Si una enfermedad o accidente afecta esa capacidad, la ley debería protegerlo, no condicionar su reclamo”, concluyó.