Taxistas renuevan su ofensiva contra Uber

Las empresas Radio Taxi La Terminal y Radio Taxi Centro, junto al Sindicato de Peones de Taxis (Sipetax) elevaron una serie de notas a las autoridades de la ciudad de Santa Rosa en las que exigen medidas urgentes para paliar la crisis que atraviesa el servicio de taxis y poner límite a la circulación de Uber en la capital pampeana. En caso contrario, afirman, el municipio deberá enfrentar consecuencias legales.

Los solicitantes enviaron al Ejecutivo local y al Concejo Deliberante un texto denominado “Informe integral sobre la irrupción de la plataforma Uber y su impacto en el servicio de taxis de Santa Rosa, La Pampa”. En ella exponen la “situación crítica que atraviesa la actividad de taxis en Santa Rosa a raíz de la irrupción de la plataforma de intermediación de viajes Uber, destacando la responsabilidad municipal por la inacción ante la operación irregular de la misma, así como las consecuencias económicas, laborales y sociales que esta situación genera para los titulares y choferes de taxis”.

Sin control.

Destaca que la app opera en la capital pampeana sin autorización municipal, eludiendo controles, tributos y regulaciones locales que sí deben cumplir los taxis tradicionales. Afirman que Uber implementa estrategias que reducen la viabilidad económica de los taxis: evasión de tarifas reguladas, falta de cumplimiento de seguros y seguridad laboral, y ausencia de controles sobre la calidad del servicio.

“A pesar de que estas irregularidades fueron advertidas al municipio, no se han adoptado medidas efectivas para impedir la operación de Uber, generando un escenario de competencia desleal y vulneración de derechos adquiridos de los titulares y choferes”, añaden.

Para los taxistas, la comuna tiene la competencia exclusiva para regular el transporte público de pasajeros, incluyendo la autorización de servicios de intermediación de viajes. Por eso, aseguran que la falta de intervención constituyen una “negligencia administrativa que afecta directamente la sostenibilidad económica de la actividad de taxis”, a la vez que expone al municipio a “eventuales acciones legales por impericia o inacción”.

Sobre el impacto que Uber ha provocado entre los titulares y los choferes de los taxis, la nota enumera: disminución de ingresos, despidos, devolución de licencias, pérdida de la estabilidad laboral, incremento de la precarización e informalidad en el sector.

Cautelares.

Las empresas de taxis y el Sipetax recomendaron al municipio adoptar una serie de medidas concretas: medidas cautelares y amparos judiciales donde se solicite la suspensión inmediata de la actividad de Uber hasta que cumpla con todas las regulaciones municipales; intervención inmediata para garantizar la legalidad en el transporte de pasajeros; declarar en crisis el servicio de taxis locales para habilitar medidas económicas, financieras y administrativas de protección al sector; control y fiscalización intensiva; e implementación de medidas que aseguren derechos laborales, estabilidad y protección de ingresos para los trabajadores afectados.

En otra nota dirigida a los mismos actores, los taxistas dejaron en claro que es la Municipalidad de Santa Rosa la que debe exigir la acreditación del seguro comercial correspondiente a toda unidad destinada al transporte de pasajeros, además de sancionar a quienes operen sin esa cobertura. “Cabe señalar que la omisión de esos controles configura una falta grave de deberes de fiscalización y puede implicar responsabilidad administrativa y civil para funcionarios intervinientes, en tanto la seguridad de los pasajeros y la legalidad del servicio con competencia exclusiva y no delegable del municipio”, sostuvieron.

Competencia.

Por otro lado, también cuestionaron al Concejo Deliberante por plantear que el municipio no tendría autoridad para regular o controlar a las empresas de intermediación digital como Uber, por no ser reconocidas por dichas plataformas ni atender sus citaciones. “Tal argumento carece de validez legal, política y administrativa -indicaron-,… el municipio no solo tiene competencia, sino también la obligación de actuar en defensa de sus ciudadanos, del transporte público formal y del orden legal.”

“Uber y otras aplicaciones no son actividades virtuales puras. Sus vehículos circulan por calles municipales, utilizan el espacio público y afectan directamente la seguridad vial, la recaudación y la organización del transporte local. Por tanto, su actividad está dentro del alcance del poder de control municipal”, añadieron.

Como ejemplo, citaron la regulación que impulsó la ciudad de Mendoza, imponiendo a los choferes de Uber la implementación de un seguro y una habilitación. “Hoy Uber opera allí bajo esas condiciones”, revelaron. “Si una empresa desconoce la autoridad local, ello no es motivo para renunciar a ejercerla, sino para reafirmarla”, afirmaron.