Tratan proyecto de repudio a las amenazas contra la CALF

Comenzó a tratarse este jueves en la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante de Santa Rosa un proyecto del concejal Mariano Alfageme que busca expresar el rechazo a las amenazas atribuidas a funcionarios de la Embajada de Estados Unidos contra autoridades de la cooperativa neuquina en el marco de sus negociaciones con la empresa tecnológica china Huawei.

Según la información difundida públicamente, autoridades de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) recibieron comunicaciones de funcionarios de la Embajada estadounidense advirtiendo que quienes avanzaran en acuerdos con Huawei o empresas del mismo origen, podrían sufrir restricciones o la revocación de sus visas para ingresar a Estados Unidos. Las negociaciones contemplaban la construcción de un centro regional de datos y la incorporación de equipamiento y tecnología para distintos proyectos.

La presentación también recoge el respaldo expresado por cooperativas y mutuales de todo el país a través de la “Declaración de Neuquén por la autonomía y la independencia cooperativa”, suscrita entre otras entidades por la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa. 

El documento reivindica la autonomía, la independencia y el gobierno democrático de las organizaciones de la Economía Social y Solidaria. Acorde a ese posicionamiento, asistieron a la comisión el presidente de la CPE, Manuel Simpson y el vicepresidente Jose Piatti. 

Preocupante.

Desde Patria Grande consideramos preocupante que una potencia extranjera pretenda amenazar y condicionar las decisiones de una cooperativa argentina. Las decisiones vinculadas con la tecnología, las telecomunicaciones y las inversiones estratégicas deben ser tomadas por las autoridades y organizaciones de nuestro país, dentro del marco legal argentino y mediante procedimientos transparentes. 

Es urgente poner en valor la autonomía de las cooperativas y el derecho de nuestro país a definir sus propias decisiones económicas, tecnológicas y estratégicas, frente a cualquier intento de condicionamiento externo. Defender estos principios es también defender la capacidad de las comunidades y sus organizaciones para decidir democráticamente sobre su propio desarrollo. La iniciativa no logró obtener un dictamen aún, porque la oposición pidió seguir estudiando el tema en comisión.