Ya se aplica el nuevo Código Procesal Penal Federal en La Pampa

Con la realización de dos audiencias, en la mañana de hoy se estrenó el nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF). Desde el 29 de septiembre entró en vigor para la jurisdicción Bahía Blanca - La Pampa, cerrando así el circuito de provincias patagónicas que funcionan con el nuevo esquema procesal penal federal, sumándose a otras jurisdicciones como Mar del Plata, Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Fe, Salta y Jujuy. Esto, conforme lo dispone la ley 27.150 que le atribuyó a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del CPPF (que funciona en el ámbito del Congreso de la Nación) la decisión sobre el cronograma de implementación en el ámbito de la justicia federal.

Las audiencias fueron solicitadas por la jefa de la Unidad Fiscal de Santa Rosa, Iara Silvestre, por la presunta comisión de delitos en infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737, y fueron diligenciadas por la nueva Oficina Judicial con sede en Santa Rosa, en la que fue designado el doctor Javier Sequeira González como coordinador general.

Intervino como juez de garantías Juan José Baric, quien dispuso autorizar las medidas solicitadas por la fiscalía para continuar las investigaciones. Las audiencias fueron monitoreadas desde Bahía Blanca donde funciona la sede central de la Oficina Judicial de la jurisdicción, a cargo del director Dr. Nicolás Yulita.

Aporta economía procesal.

Desde la flamante Oficina Judicial que gestiona el doctor Sequeira González (hasta ahora secretario del Tribunal Oral Federal), informaron que de esta manera, “se estrenó el nuevo sistema procesal, que en la práctica propone profundos cambios en los roles de los actores del proceso, que será esencialmente oral y netamente contradictorio, y donde la dirección de las investigaciones penales recaerá exclusivamente en el Ministerio Público Fiscal (MPF)”.

Explicaron que “el régimen procesal acusatorio reemplazará al denominado ‘sistema mixto’ (regido por el actual Código Procesal Penal de la Nación o CPPN), y establece un sistema adversarial, en el que tanto la fiscalía como la defensa esgrimen sus argumentos y elementos de convicción, y jueces y juezas controlan y deciden, sin involucrarse en la teoría del caso esbozada por las partes, lo cual exige una rígida separación de funciones”.

La novedad es que  “los y las fiscales promueven la acción penal y dirigen de manera exclusiva la investigación penal contra los presuntos autores y partícipes de un hecho delictivo. Luego, esa o ese mismo fiscal -otra novedad- deberá eventualmente sostener y acreditar su acusación en un juicio oral y público. Los jueces o juezas, en tanto, garantizan que se cumpla la ley durante el proceso, además de controlar las garantías constitucionales. Todo el proceso tramita esencialmente con audiencias orales y públicas, donde se concentra la mayor actividad procesal posible”.

Desde la Oficina Judicial de la jurisdicción Federal en Santa Rosa, Javier Sequeira González señaló que “las audiencias de hoy fueron reservadas entre el Juez y la Fiscal, que se realizaron por zoom, algo que el nuevo código prevé expresamente como una opción, y que el magistrado tomó decisiones inmediatamente para que la fiscalía continúe con investigaciones sobre venta de material estupefaciente”.

Para el doctor Sequeira, “las herramientas que prevé el nuevo formato acotan drásticamente la duración de los procesos penales y a la vez profesionaliza el trámite administrativo de las causas, reservando a los jueces las decisiones jurisdiccionales y el control de las garantías constitucionales, y a las partes la contradicción, en forma netamente oral”.

Nueva infraestructura edilicia.

A los efectos del funcionamiento físico, la misma fuente reveló que “también que se instalaron dos nuevas salas de audiencias y video conferencia en Santa Rosa, que proporcionan la infraestructura necesaria para la celebración eficiente de las audiencias, además de mejorar la comunicación y el registro de información”.

Además, “las salas están especialmente diseñadas para el sistema acusatorio; buscan dar soporte a las audiencias orales y permitir la participación remota de las partes, adaptando la justicia a la era digital. Están equipadas con tecnología para el registro de audio y video, facilitando la reproducción de pruebas y el acceso a los expedientes, y son parte de una modernización que también integra herramientas como la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia del servicio judicial”.

La información oficial asegura que “a su vez, facilitan la participación presencial y también la conexión de profesionales, partes y testigos de forma remota, desde sus despachos o domicilios, usando herramientas de videoconferencia. La tecnología de la sala graba la participación de todos los intervinientes en alta calidad de video y sonido, facilitando el registro de pruebas documentales y la reproducción de contenidos audiovisuales de las audiencias, lo que aumenta la transparencia y permite un acceso más fácil y rápido a los expedientes para todas las partes involucradas”.