Fiscal apela la resolución

(General Acha) - La fiscal Ana Laura Ruffini apeló la resolución que favoreció al intendente de 25 de Mayo, David Edgardo Bravo, y a dos funcionarios de la municipalidad, en relación al hecho que se desprendió del expediente por supuesto incumplimiento a los deberes de funcionario público.
En caso de que el juez hiciera lugar al recurso presentado por la responsable de la Fiscalía 2 local, el expediente será remitido al Tribunal de Impugnación Penal con asiento en la ciudad de Santa Rosa.
Fuentes confiables informaron a esta corresponsalía que la fiscal determinó apelar la falta de mérito dictada por Alvaro José Reyes, a cargo del Juzgado de Instrucción y Correccional 2, porque sostiene que existen elementos probatorios como para atribuirles la comisión de un delito penado por el Código Penal Argentino (CPA). Si el magistrado hace lugar al planteo recursivo presentado por la representante del ministerio público, el TIP será el que definirá la cuestión. Puede ratificar la resolución dictada en primera instancia o directamente declarar lo contrario, es decir, el procesamiento del jefe comunal y los dos funcionarios.

Local nocturno.
El intendente Bravo, al igual que la contadora municipal, María Celia Luases, y el responsable de otorgar las licencias comerciales, Alberto Rubén Ferreira, fueron indicados como supuestos autores del delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" cuando dieron la autorización para funcionar al local nocturno "El Rancho". Lo que se les atribuyó en un principio fue que no habrían exigido los controles indispensables para otorgar la habilitación al cabaret.
La causa llegó a General Acha proveniente del Juzgado Federal de Santa Rosa, y recayó en la oficina de la fiscal Ruffini, quien promovió acción penal y envió el expediente al juez Reyes, quien se hallaba de turno en ese momento.
En Santa Rosa, el Juzgado Federal tiene bajo arresto a Javier Ulrich, un santarroseño de 42 años que espera su juicio alojado en la Colonia Penal (Unidad 4). Está procesado por un grave delito: trata de personas, delito que se habría producido en el cabaret "El Rancho", ubicado en 25 de Mayo.

Denuncias.
La investigación que derivó en el procesamiento de Javier Ulrich y ahora en la investigación por el supuesto "incumplimiento de deberes", comenzó cuando una joven de origen boliviano denunció que se encontraba en el cabaret contra su voluntad y era sometida a una explotación sexual. La joven puso en alerta a las autoridades policiales luego de que concurriera a realizar un trámite migratorio y, ante las preguntas de rigor, confesó que había llegado al país engañada y era obligada a ejercer la prostitución.