Buscan en la costa cinco automóviles de alta gama

El caso de la estafa con automóviles cometida en General Pico sigue sumando capítulos. Ahose se conoce que hasta la policía pampeana podría sufrir una demanda por privación de la libertad de cuatro gerentes.
JUAN JOSE REYES
El sonado caso de la estafa en la venta de trece autos de alta gama, propiedad de las firmas Guido Guidi y Alra en el norte provincial, sumó otro capítulo de suspenso. Trascendió que a pesar de la feria judicial, el juez de la causa Horacio Tolosa habría ordenado rastrear en los balnearios de Pinamar y Villa Gesell a cinco de ellos que no han podido ser secuestrados todavía. Los autos que faltan son un VW Voyage; un VW Suran y tres VW Amarok respectivamente. Fuentes policiales afirman que los autos estarían ploteados en aquellos balnearios y posiblemente uno de ellos esté en Realicó. La divulgación nacional de la estafa es fogoneada por Alberto Pierri, dueño de Telecentro productora de Canal 26, ya que su hija está casada con uno de los propietarios de la concesionaria (se puede ver en la página digital del diario un video sobre la visita del medio a General Pico en diciembre último).
La policía pampeana cree que los automóviles que no han sido secuestrados aún estarían en poder de Sergio Ariel Juan que es el principal imputado (tiene pedido de captura) y los otros diseminados en alguna localidad provincial. También trascendió que el apoderado legal de la firma querellante (G.G. Servicios de Autos SA), Carlos María Zgradich, conjuntamente con los letrados del foro local Eduardo Mandrini y Federico López Lavoine, estarían por iniciar una denuncia penal contra la policía pampeana por la forma en que fueron detenidos ilegalmente durante 24 horas empleados de la empresa (Obejero, Pellico, Almeida y Moriconi). Los estafados en su buena fe fueron los profesionales David Divan, Edgardo Fresco, Marcelo Ceverino, Jorge Mosso, Marcos Pacheco, Marcos Figueroa Picca, Raúl Walker (el único que devolvió la unidad al ver las irregularidades), Hugo Bargel y Juan León Domínguez (los otros dos han ocultado su identidad).

Primeros secuestros.
La semana pasada cinco autos de Guido Guidi fueron secuestrados por el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1 en la estafa que se investiga en General Pico. Otras dos unidades (de la firma de alquiler Alra SA) ya habrían sido ubicadas pero hay además otras cinco órdenes de secuestro. Cuando Tolosa levantó el secreto de sumario el 15 de diciembre pasado le embargó a la firma Guido Guidi la suma de cien mil pesos y además se supo ayer que también hubo otros 30 mil pesos en el Banco Santander Rio, Sucursal Barracas. Los embargantes habrían sido los damnificados José Mosso y/o Demo María. En los operativos intervino la Brigada de Investigaciones. El abogado que representa al prófugo Sergio Juan, Julio Ballari, recusó al magistrado por entender que el mismo "prejuzgó" sobre la situación en el marco de declaraciones que realizó al diario La Reforma de aquella localidad. Todo el procedimiento se llevó a cabo en el marco de la causa en la que están implicados Ezequiel Catini, Sergio Ariel Juan y como presunta damnificada, hasta ahora, la empresa Guido Guidi.
Otro de los abogados que defiende a dos de los damnificados por la estafa, que residen en Realicó, siguen pidiendo la captura de Juan a través del letrado Armando Agüero. En los últimos días un reclamo de un vecino piquense (Juan León Domínguez) por una camioneta Amarok a Guido Guidi, a través de Carlos Chamas titular de la Oficina de Defensa del Consumidor en Pico, tuvo un abrupto final ya que el abogado de la concesionaria no quiso acordar con los damnificados en su buena fe y podría recaer sobre aquélla una multa de 120 mil pesos.
Domínguez, cuyo abogado es Roberto Ibáñez, aduce que depositó 120.000 pesos en una cuenta de la concesionaria y nunca le entregaron el rodado. Otra novedad fue que en la querella Guido Guidi solicitó al juez la comparencia e intimación de la empresa Ituran de Argentina SA con domicilio en Avenida Sucre 2480 de la localidad de Bécar, provincia de Buenos Aires. Aquélla es una firma rastreadora digital de rodados, solicitándole que traslade una unidad móvil a General Pico a fin de ubicar los rodados mencionados e informe el domicilio de las unidades que se encuentren en La Plata u otra Jurisdicción.

"Como en la dictadura".
La empresa tiene por actividad comercial la locación de vehículos tanto en todo el país, comúnmente llamado como RENT-A CAR, y está domiciliada en Tucumán 540 piso 18 de la Ciudad de Buenos Aires. La querella, que en un principio pidió al juez el allanamiento de los domicilios de los profesionales para el secuestro de los automotores, es su parte más fuerte dice textualmente: "El 19 de octubre y previo a un llamado de Sergio Juan que decía poner a disposición los vehículos y que fuera mi mandante a buscarlos, es que se decidió a concurrir a la localidad de General Pico La Pampa, siendo que en dicha ocasión fueron el señor Obejero (presidente de la firma), y acompañados por sus empleados Marcelo Pellico, Walter Almeida y Pedro Juan Moriconi. La razón de concurrir cuatro personas fue que nos traeríamos más de un rodado (...). Es así que llegados a General Pico concurrimos al domicilio que indicaba Juan siendo atendidos por su esposa, quien indicó que como se estaba por bañar concurriéramos mas tarde. Decidimos ir entonces a tomar un hotel y luego concurrir a cenar, para luego volver al hotel dejar las cosas y en esos momentos fuimos detenidos por la policía lugareña quienes nos interrogaron de nuestra presencia en Pico, y posteriormente de dárselas, mostrarles la documentación que avalaba nuestra presencia, como ser contrato social, contratos de alquiler y documentos de identidad, decidieron arbitrariamente llevarlos detenidos a todos, lo que nos causó una gran sorpresa y nos hizo recordar a la peor época de la dictadura, que se ve ejercen en La Pampa o al menos en General Pico, siendo liberados al día siguiente, y decidir ante el avasallamiento que habían sufrido de su derecho por abuso de autoridad de los uniformados y privación ilegitima de la libertad volverse inmediatamente".
Se siguen abriendo interrogantes: ¿Se viene un juicio a la policía pampeana por su accionar en el caso y la privación ilegítima de la libertad por 24 horas de cuatro gerentes?. ¿Se podrán recuperar los autos ploteados que estarían circulando en ambos balnearios?. ¿Quiénes son los dos "funcionarios" que no han sido identificados aún?