Falsas amenazas en escuelas: Una provincia cobrará el costo de operativos a los padres

Un gobierno provincial de la región informó que el costo de los operativos llevados a cabo para responder a las amenazas en establecimientos escolares serán cobrados a los adultos responsables de los menores que hicieron las acciones.

 

La iniciativa, según se informó de manera oficial, persigue el objetivo de frenar las intimidaciones y falsas alarmas en los ámbitos educativos.

 

La decisión fue tomada por el gobierno de la provincia de Córdoba, para lo cual sus autoridades implementarán un protocolo “que obliga a quienes generen falsas amenazas de tiroteo en escuelas a afrontar los costos de los operativos de seguridad que esas situaciones demandan”.

 

La medida fue formalizada por el Ministerio de Seguridad de la jurisdicción mediterránea y establece que “los gastos ocasionados por intervenciones policiales, brigadas especiales, bomberos y áreas de investigación serán reclamados a los padres o adultos responsables de los menores identificados e imputados por la Justicia”.

 

Las autoridades explicaron en un comunicado que, a partir de ahora, habrá consecuencias penales, pero también se buscará el recupero económico de los costos operativos que demandan las intimidaciones públicas, falsas alarmas o amenazas que conlleven el despliegue de recursos del Estado.

 

Cuando los responsables de alguna de las acciones delictivas mencionadas sean identificados, se contabilizarán los recursos humanos y materiales usados en cada intervención. Una vez determinadas esas cidras, el Estado intimará a los adultos responsables para que abonen los gastos y, en caso de ser necesario, avanzará con acciones judiciales.

 

“Cada operativo de estas características moviliza personal policial, móviles, sistemas de emergencia, tareas investigativas y recursos tecnológicos, afectando capacidades que deberían estar destinadas a la prevención del delito en otros puntos de la provincia”, manifestó Juan Pablo Quinteros, titular de la cartera de Seguridad provincial.

 

En la misma línea, subrayó que este tipo de conductas afectan el funcionamiento de las escuelas y generan angustia en toda la comunidad educativa, además de que obligan al Estado a actuar de forma inmediata.

 

“Cada vez que alguien realiza una falsa amenaza en una escuela, se activa un importante dispositivo estatal. Se movilizan efectivos, unidades especiales y sistemas de emergencia que deberían estar cuidando a los vecinos en otros puntos de la provincia. Eso tiene un costo, y ese costo no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad”, sostuvo el ministro.

 

El diario La Voz del Interior indicó que las causas judiciales están concentradas en el fuero penal juvenil. Por el momento, según este medio, se registraron 236 denuncias, 29 adolescentes imputados y otros 22 jóvenes que no pueden ser imputados por su edad.