«Va a dejar un antecedente»

Rubén Serraino, padre de Adan Serraino Zinki, el joven de 25 de Mayo que murió en un siniestro vial el 1 de noviembre de 2008, habló tras la sentencia contra Angel Patricio Molina y afirmó que «va a dejar un antecedente en nuestra provincia para este tipo de siniestros viales». En esa línea, afirmó que esperan la confirmación de la condena y que la defensa no presente «oficios para dilatar la pena».
El juez de audiencia subrogante de Santa Rosa, Gabriel Tedín, condenó el pasado jueves a Molina a la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo y diez años de inhabilitación para conducir todo tipo de vehículos en la vía pública que requiera autorización o permiso de autoridad competente, luego de que la Justicia lo declarara autor del delito de homicidio culposo agravado por la conducción negligente, imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, en concurso ideal con lesiones culposas.
Al respecto, Serraino reconoció que «pretendía mucho más porque habíamos pedido más años» de pena. «No es que estemos conformes con esto porque la vida de nuestros hijos no se paga con nada», afirmó en diálogo con Radio Noticias.
De todas maneras, destacó que «algo de justicia se está haciendo en este tipo de siniestros viales» y explicó que ahora deberán esperar «la confirmación de esta condena. Esperemos que la defensora oficial no se le ocurra empezar a presentar oficios para tratar de dilatar la pena como nos ocurrió anteriormente, todo eso se dilató de tal manera que fue un problema de la misma justicia».

Una impronta interesante.
Serraino recordó que tras el fallo y la sentencia dictada en 2012 no «recurrimos a nadie para no entorpecer la marcha de la causa, pero ellos mismos se enredaron en recurrir los avances del expedientes y cuando quisimos acordar el expediente estaba en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esperemos que esta vez salga pronto la confirmación de esta sentencia».
Por otro lado, destacó que el juez Tedín «le dio una impronta bastante interesante a nuestra causa, en muy poco tiempo, una vez que vuelve el expediente de la Corte Suprema, dictó fecha para el juicio, se ubicaron los testigos, se hizo el juicio y ya se dictó la condena. Es un juez que le ha dado una agilidad por lo menos en esta parte a la justicia muy interesante».

Dilaciones.
El abogado de Serraino, Sergio Sánchez Alustiza, explicó que intervino en el expediente cuando Molina ya había sido condenado. Sin embargo, hubo una serie de planteos por parte de la defensa llevó a «todo este derrotero» que culminó en un nuevo juicio. «Lo que ellos planteaban era que por una cuestión técnica la Cámara del Crimen que lo había juzgado en su momento había intervenido en resolver una cuestión previa al debate, que tenía que ver con un pedido de juicio abreviado que había hecho el imputado. Al haber intervenido en esa cuestión previa, la defensa sostenía que ese tribunal no lo podía juzgar después», indicó.
El proceso siguió adelante y ese mismo tribunal lo juzgó y condenó. El fallo fue revisado por el Tribunal de Impugnación, cuyos integrantes sostuvieron que «estaba bien que fuera esa misma cámara la que lo juzgara en aquel momento».
La defensa recurrió al Superior Tribunal de Justicia y el máximo organismo de la provincia determinó que «ese tribunal no lo podía juzgar porque se violaba la garantía del juez imparcial y decretó la nulidad de ciertos actos del proceso y todo ahí vuelve para atrás». En ese momento, Sánchez Alustiza y la familia empezaron «una discusión jurídica para que eso se revirtiera y que no se declarara que la causa estaba prescripta por todo este tiempo que había pasado».

Posibles recursos.
El abogado señaló que a su entender «los hechos estuvieron acreditados», pese a las discusiones que se planteó desde la defensa. Sánchez Alustiza resaltó que si se pudo confirmar durante el proceso «el exceso de velocidad y el estado de alcoholemia por encima de los dos miligramos por litro que llevaba. Quedó demostrado por una pericia que el exceso de velocidad lo transformaba en un arma mortal».
Por otro lado, el abogado aclaró que hasta la condena no quede firme, es decir que no existan más posibilidades recursivas, y consentida, donde las partes han aceptado y no plantean ninguna impugnación, la condena «impuesta no se hace efectiva porque la persona tiene la posibilidad de seguir discutiendo».
En este caso, estimó que «probablemente la defensa plantee ahora los recursos que entienda que hacen al derecho del defendido e impugne la sentencia» ante el Tribunal de Impugnación Penal. En caso de que falle en contra, puede ir ante el STJ y, eventualmente, presentar un recurso extraordinario federal en la Corte Suprema.
«Lo malo de todo esto es cuando un juicio no tiene un sentencia rápida, justa y razonable, porque deja de ser efectivo el procedimiento y efectivo el funcionamiento de la justicia, sea con un resultado u otro», señaló y cuestionó que las personas sean «sometidas eternamente a proceso porque de alguna manera su vida se va en 15 años de discusión en un juicio. Son vidas que se van yendo en tramites burocráticos que no traen aparejado nada positivo».